Alerta Buga: se viene un predialazo

Sobre la privatización de la administración catastral en Colombia.

Se viene un predialazo en Buga. Sin ninguna necesidad para el municipio y sin ninguna obligación legal, el alcalde Rojas se montó en la moda de la privatización de la gestión catastral. Esta decisión tendrá consecuencias negativas para la comunidad bugueña. En la próxima actualización catastral, que puede ser este año o el otro, los 40 mil predios tendrán un incremento del avalúo comercial descomunal. Esto a su vez, incrementará el avalúo catastral que es la base para liquidar el Impuesto Predial y la sobretasa bomberil, sin mencionar los efectos sobre los arriendos.

Detrás de la privatización de la gestión catastral viene un descomunal incremento de los avalúos comerciales y catastrales, luego un PREDIALAZO.

Desde el 2019 empezó a operar en Colombia el Catastro Multipropósito. Esta política impuesta por la OCDE (ver), financiada por el Banco Mundial, y ejecutada por Duque, tiene dos objetivos fundamentales. Primero, avanzar en la política de titulación de predios para darle seguridad jurídica a las compras de tierras por parte de multinacionales, mineras principalmente. Segundo, avanzar en la descentralización fiscal para que los municipios y departamentos tengan más recursos propios (Impuesto Predial), y así seguir reduciendo las transferencias del Estado Central a las regiones. Esto le asegura al Banco Mundial que Colombia siga privilegiando un mayor porcentaje del presupuesto público a pagar los intereses de la deuda externa. Una auténtica política de saqueo contra el pueblo colombiano.

Duque con el artículo 79 del plan nacional de desarrollo –léase con ironía– impuso la privatización de la gestión catastral, al quitarle al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) la exclusividad en la administración del registroformaciónconservaciónactualización y difusión de la información predial del país. El plan de Duque fue apoyado por las mismas fuerzas políticas que ahora han creado organizaciones como Valle Avanza sas. Una empresa de economía mixta que actúa al amparo del derecho privado y no con el derecho público como el IGAC. Un ejemplo de este tipo de sociedades es Aguas de Buga. Y ya se saben las cosas que hace la clase política tradicional con esta empresa de servicios públicos.

A finales del 2019, la entonces gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, le ofreció a Buga los servicios de gestión catastral a través de la Unidad Administrativa Especial de Catastro, cuyo operador catastral es Valle Avanza sas. El gobierno de la época dijo: no, gracias; seguimos con el IGAC. Sin embargo, cuando la fuerza de la señora Dilian tomó el control político de Buga, a través del alcalde Rojas, allanó el terreno para que Buga se monte en la moda de la privatización de la gestión catastral. Aprovecharon el aislamiento de la población durante la pandemia (2020), para que las mayorías del Concejo aprobaran en el plan de desarrollo municipal (Léase con sarcasmo) esta movida. La ratificaron en el Nuevo Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 020. Dic. 23 de 2020). ¿El Concejo no sabía?

El alcalde dice que es por obligación. Eso es falso. El IGAC continúa ejerciendo la administración del catastro en los Municipios que así lo decidan. Rechazó al IGAC porque eso favorece a los intereses políticos de la fuerza que lo tiene en el poder. Una singular relación público-privado. Unos hacen negocios con la gestión catastral y otros se benefician de las decisiones de los gestores. Ya se verá como con la próxima actualización catastral el gobierno tendrá una base económica mucho mayor para liquidar el Impuesto Predial y la Sobretasa de Bomberos. Sobretasa que, por cierto, con la reciente reforma tributaria municipal pasó del 3 al 8,5% del Impuesto Predial. Y todavía tienen el descaro de decir que bajaron los impuestos. Ojo, más ingresos por Impuesto Predial para pagar la deuda de $13 mil millones de pesos.

El paquetazo de Duque y la OCDE haciendo estragos contra la gente, movilización debe ser la repsuesta.

La comunidad bugueña no debe pasar más dificultades, de las que ya sufre por la crisis económica y sanitaria, para darle gusto a la codicia de unos pocos. No a la privatización de la administración catastral. No al predialazo. Si a la gestión pública del IGAC. Es cuestión de dignidad.

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