Bonanza para el 1 % y “solidaridad sostenible” para el 99 %

Duque concentra la reforma tributaria contra la clases medias y bajas, los empresarios nacionales de la industria, el agro y los servicios. ¿Por qué gobierna contra el interés nacional?

El Gobierno de Iván Duque ha denominado su reforma tributaria un proyecto de “Solidaridad Sostenible”. Este eufemismo oculta los objetivos y probables efectos de la nueva ley. Seamos claros: la necesidad que se argumenta para dicha reforma no se origina en el gasto público de la pandemia: se trata en cambio de una exigencia internacional y es un intento de tapar un hueco fiscal generado por exigencias anteriores. La reforma tampoco pretende corregir el desigual sistema tributario del país. Por el contrario, afectará la capacidad de consumo de los hogares. Veamos.

¿De dónde vienen las exigencias actuales y pasadas?

El Fondo Monetario Internacional exigió que en tres años el Gobierno reduzca el déficit fiscal en 60 billones de pesos con una reforma tributaria asesorada por un comité “independiente” que terminó encabezado por la Ocde, con presencia de la Dian y MinHacienda.

¿Qué fue lo que, desde afuera, le exigieron a Duque?

Lo de siempre. Establecer lo que Álvaro Uribe ingeniosamente llamó confianza inversionista y Juan Manuel Santos prometió cuidar. Lo que desde hace casi 100 años Colombia aplica (como la Ley 60 de 1936 con la que Alfonso López Pumarejo entregó excesivas gabelas a las compañías petroleras). Un siglo de la misma receta: regalos a las grandes empresas, a mega inversiones como las de la gran minería, al sector financiero y a los capitales en paraísos fiscales (como los del exgerente de Empresas Públicas de Medellín que tanto defendió el alcalde de esa ciudad). Para 2021, los nuevos regalos adicionados en 2019 se proyectaban en 9,4 billones de pesos. La cifra aumentará a 19,4 billones en 2023.

Y como era de esperarse, esta nueva reforma no toca esos regalos. Por el contrario, se centra en culpar a las exenciones en el IVA, a pesar de que el regresivo impuesto ya es el 29 % del total de recaudo, mientras que en los países de la Ocde es en promedio 20 %.

¿Hay más?

Sí y la cosa es peor. Con la ampliación de la base del IVA a nuevos componentes esenciales de la canasta familiar —como los huevos que el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, cabeza de la reforma en el gabinete, dice que valen 1.800 pesos la docena—, servicios públicos domiciliarios, insumos agropecuarios, combustibles, páginas web, útiles escolares y hasta servicios funerarios no se alcanza a cubrir ni la mitad de las exigencias foráneas.

Otra gran tajada saldrá directamente del bolsillo de la clase media a través de impuesto de renta. Se plantea que lo paguen quienes tengan un salario de 1,7 millones —y ya no estarán exentas las cesantías y sus intereses— o tengan una pensión, medicina prepagada, vivienda —incluso de interés social— y hasta carros viejos —so pretexto de un cambio climático del que no somos culpables sino víctimas—. Un ataque al trabajo y al ahorro de personas que no son para nada ricas. No se corregirá el desigual sistema tributario del país. Empeorará.

Y la perla: quieren congelar por cinco años los salarios de los empleados públicos (sí, de esa gran masa, no de los pocos que ganan cifras absurdas, dejando su derecho universal de negociación colectiva reducido a temas menores), y autorizar al presidente a suprimir y fusionar entidades estatales y a vender activos públicos. El proyecto no solo es una reforma tributaria; será un mecanismo para reducir el tamaño del Estado en un país donde su presencia en la mayoría del territorio es mínima y para avanzar en las privatizaciones.

Pero todo es por el extraordinario gasto necesario por la pandemia, ¿no?

No. La necesidad de fondos que acaba de anunciar el ministro de Hacienda no surge de la atención del covid. Como se vio, hay un hueco enorme causado por exigencias extranjeras. Además, el gasto de la pandemia no es lo que se podría esperar. 105 países han gastado más con respecto al PIB que Colombia (con solo 2,8 por ciento). Duque ha sido particularmente tacaño ante la crisis más grande de la historia reciente del país.

Fuente: Economic Stimulus Index

Sobre el detalle del gasto, el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana tiene mucho que decir. Después de un año, solo se desembolsaron 29,7 billones de pesos de los 40,5 del Fondo de Mitigación de Emergencias. Finalmente, lo ejecutado efectivamente en 2020 ronda los 20 a 25 billones y el gasto total del Gobierno apenas aumentó en 7,8 billones —un 3,7 por ciento, incluyendo los esfuerzos de las ciudades y departamentos—. Claramente es insuficiente para atender la peor crisis social y económica de la historia de Colombia.

Bueno, pero lo poco o mucho a gastar en pandemia se financia con la reforma, ¿no?

Tampoco. De los cerca de 32 billones que se esperan recaudar según la información conocida hasta ahora, solo seis (sí, máximo 6,5 billones) se utilizarán en gasto social y atención de la pandemia. Pero además, la reforma no contempla las alternativas propuestas por varios sectores: eliminar las gabelas tributarias ya mencionadas (como propuso Bruce MacMaster, presidente de la Andi), gravar los dividendos de las grandes empresas (por ejemplo, los privilegiados dueños de la banca nacional y extranjera que no han parado de ganar) y utilizar parte de las reservas internacionales para cubrir los gastos. El Banco de la República también podría facilitarle liquidez adicional a la economía, como han hecho Estados Unidos y la Unión Europea.

Duque concentra la reforma tributaria —hay que llamarla por su nombre— contra la clases medias y bajas, los empresarios nacionales de la industria, el agro y los servicios. Para los economistas consultados por el autor, el error redundará en un aumento de los precios de bienes y servicios que afectará el consumo ya bastante golpeado y no permitirá reactivar la economía de la más profunda crisis en cerca de 100 años.

Con este trino, que muestra más del panorama nacional, dejo la invitación a sumarse al Paro Nacional del 28 de abril:

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