Confiscación: la herencia del impuesto predial

Durante los gobiernos de Petro y Peñalosa se presentaron protestas ciudadanas rechazando aumentos excesivos del impuesto predial. Suba no fue la excepción, pues en la localidad se identificaron aumentos hasta del 1.000% en el valor del cobro. Al estudiar en su conjunto las cifras del recaudo en Bogotá, y en particular en la localidad de Suba, se encuentra que el excesivo cobro del impuesto predial no se trató de casos aislados sino de una política de la administración durante los dos últimos gobiernos, que consistió en aprovechar que el valor de los inmuebles viene aumentado, propiciado por la especulación inmobiliaria, para aumentar el cobro del impuesto predial sin retén.

El recaudo del impuesto predial en Bogotá ha aumentado entre 2012 y 2019 un 123%, pasando de 1,5 billones de pesos a 3,3 billones de pesos (Tabla 1). En Suba ha aumentado en el mismo período un 102%, es decir, se ha duplicado, pasando de 256 mil millones de pesos a 520 mil millones de pesos (Tabla 2). 

Durante siete años el impuesto predial en Suba y Bogotá no ha parado de aumentar y lo ha hecho por encima del crecimiento del ingreso de los hogares. Ello se evidencia al comparar la variación del recaudo del predial con la variación porcentual del PIB de Bogotá, que refleja cuánto creció en promedio el ingreso de los bogotanos en cada uno de los años estudiados. De este ejercicio se puede identificar que el aumento del recaudo del impuesto predial en Bogotá y Suba no ha sido proporcional al aumento de la capacidad de pago de los ciudadanos.

En Bogotá, desde 2012, todos los años la variación del recaudo del impuesto predial ha estado por encima del crecimiento del PIB de la ciudad (Gráfica 1). En Suba ha ocurrido lo mismo, con la única excepción del año 2019 (Gráfica 2). Además, las diferencias entre la variación del impuesto predial y la variación del PIB, que reflejan qué tan grande es la desproporcionalidad entre lo que recauda el Estado y la capacidad de pago, fueron mayores durante el gobierno de Petro; como se puede observar en las tablas 1 y 2. Por ejemplo, mientras la economía bogotana en 2013 creció un 4,9%, el aumento del recaudo del predial en Suba fue de más del 19%, casi catorce puntos porcentuales de diferencia (Tabla 2).

Más evidente es la injusticia al estudiar los inmuebles residenciales, que son la mayoría. En Suba, por ejemplo, en 2019 estos inmuebles representaban 62% del total. Entre el año 2012 y 2019 el aumento del recaudo por el impuesto predial en Suba, de los inmuebles residenciales, fue del 115%, pasando de 150 mil millones de pesos a 323 mil millones de pesos (Tabla 3). Durante este período en todos los estratos aumentó el recaudo del impuesto predial y en cuatro estratos de los seis aumentó por encima del doble. Siendo los estratos 2, 5 y 6 los más afectados (Tabla 4). Se percibe cómo las familias, que únicamente son propietarias de sus bienes inmuebles con el fin de habitarlos y no de sacarles provecho económico, fueron castigadas con un excesivo cobro del impuesto predial, por encima del aumento de sus ingresos.

Únicamente en el estrato 1 de Suba, el recaudo del impuesto predial no tuvo un comportamiento común. En todos los demás estratos de la localidad, entre 2012 y 2019, la regla es que la variación porcentual del impuesto predial fue positiva, es decir aumentó, y la variación de cada año del PIB de Bogotá fue menor a estos aumentos (Gráfica 3). De nuevo se observa la desproporción entre el recaudo por este impuesto en Suba y el crecimiento de los ingresos de sus habitantes, imponiendo como regla que no se consulte la capacidad de pago de los subanos. 

La herencia de Petro y Peñalosa ha sido un impuesto predial confiscatorio, un castigo para la clase media bogotana . Desde 2012 los habitantes de Bogotá y Suba han visto como el cobro del impuesto aumenta muy por encima de lo que crecen sus ingresos. A pesar de ello, la administración distrital se ha negado a intervenir para que la especulación inmobiliaria deje de tener injerencia en la liquidación y el cobro del predial. 

Y mientras el injusto cobro afecta a todos los estratos sin distinción, el creciente recaudo tributario se destinó, entre otras, para cubrir el déficit financiero en el que se encuentra Transmilenio, sistema de transporte público convertido en un negocio de algunos privados. El patrimonio de los bogotanos exprimido para entregárselo al capital financiero.

Son positivas las manifestaciones de Claudia López al denunciar el saqueo predial, al anunciar el congelamiento del impuesto en predios residenciales por el Acuerdo 756 y ordenando revisar de oficio los avalúos realizados por Catastro en 2018 y 2019. Pero aún hay mucho por hacer. 

La ciudadanía debe exigirle al Concejo de Bogotá y al Gobierno Distrital la modificación de la normativa que reglamenta el cobro del impuesto predial, para evitar las injusticias y excesos cometidos en pasadas administraciones. También es necesario un Acuerdo para que el congelamiento de tarifas que se implementó este año aplique de manera retroactiva y así poder darle reversa a liquidaciones y cobros desproporcionados. Bogotá debe abrir camino con una política tributaria progresiva y democrática, que obtenga su recaudo de los negocios financieros, los más grandes en la ciudad, y no reduciendo el bienestar de las familias bogotanas.

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