Lecciones del primer Consejo de Seguridad en Usaquén en cabeza de la alcaldesa Claudia López

El primer Consejo de Seguridad en Usaquén adelantado por la alcaldesa marcó distancia con los discursos de seguridad xenófobos y punitivos de la era Peñalosa y abordó aspectos importantes contenidos en el Plan de Desarrollo Distrital —PDD—, pero dejó también dudas y elementos que merecen ser debatidos, como la reiterada propuesta de ubicar una Unidad de Reacción Inmediata —URI— en el barrio El Toberin, la misma que múltiples instancias y tribunales han señalado como inconveniente para la comunidad. 

En materia de cifras de inseguridad, si bien el hurto a personas y residencias parece ser lo que más afecta a la comunidad según la percepción ciudadana generalizada, las estadísticas oficiales no respaldan dicha percepción. De acuerdo con el Boletín Mensual de Indicadores de Seguridad y Convivencia de la Secretaría de Seguridad, comparando junio de 2020 con junio del año pasado, el hurto a personas y residencias tuvieron reducciones de 46 y 44,9% respectivamente, el delito de homicidio el que mayor impacto tiene en la localidad, incrementándose en un 200% y concentrado en algunos barrios de los cerros y del norte de la localidad como Verbenal, el Codito, y Santa Cecilia, territorios que, según la alcaldesa, no se vieron representados en el Consejo de Seguridad. 

Claudia López señaló que la ciudadanía debe rechazar de manera enfática la xenofobia y los estereotipos infundados por casos aislados que no representan la generalidad y donde el crimen es cometido por personas con nacionalidades distintas a la colombiana. Sobre el problema de las plataformas de entregas a domicilio,  afirmó que la administración deberá implementar el Acuerdo aprobado por el Concejo de Bogotá (Acuerdo 479 de 2019), que reglamenta el uso del espacio público con condiciones sanitarias, de seguridad adecuadas y acorde con el trabajo digno para quienes ejercen ese oficio. Esa reglamentación tiene mucha importancia para Usaquén por ser de las localidades que mayor empleo hace de este tipo de servicios en la ciudad. 

De igual forma, insistió en aspectos centrales de su política de seguridad como la vinculación de población vulnerable y en riesgo de ser tentada por el crimen y la ilegalidad a proyectos de educación y trabajo, un enfoque integral del  problema de la seguridad en la ciudad, diferente al punitivo. Dicha política, como bien quedó determinada en el PDD, tiene en cuenta el pie de fuerza institucional y las condiciones de infraestructura y seguimiento tecnológico del crimen, pero va mucho más allá e insiste en las causas estructurales de los delitos, identifica las poblaciones más cercanas a la ilegalidad o riesgo de caer en ella y diseña y ejecuta planes tendientes a otorgar oportunidades que permitan combatir el crimen con instrumentos de derechos, especialmente para jóvenes. Un cambio central en el enfoque de seguridad respecto a las administraciones de Peñalosa y Petro.

Especial mención merece el debate suscitado por el compromiso adquirido por la alcaldesa con la ciudadanía alrededor de la reactivación de una URI en la localidad, particularmente en el barrio El Toberin, donde ya ha existido y en donde fue la misma comunidad en cabeza de la Asociación de Empresarios del barrio, la Junta de Acción Comunal, organizaciones sociales y comunitarias de barrios aledaños, jardines infantiles, colegios y hasta la parroquia San José Cafasso, quienes mediante Acciones Populares —falladas a favor por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el Juzgado Sexto de Oralidad y hasta el Consejo de Estado— demostraron que el predio objeto de ser URI (ubicado en la Cra. 21 # 169-11) no es el adecuado debido a sus condiciones urbanísticas y la falta de de estudios de tránsito, consultas con la comunidad, entre otros. Ante esto, una parte de la comunidad insiste en una frase ya acuñada: “URI en Usaquén sí, pero no en Toberin”, motivando además a que la Secretaría de Planeación en conjunto con la Secretaría de Seguridad adelanten los estudios prediales necesarios para identificar qué lugares de la localidad cuentan con las condiciones requeridas para este tipo de equipamientos de seguridad y justicia. En este aspecto puntual Claudia López debe acogerse a las medidas judiciales emitidas por las entidades que les corresponde ejercer justicia y tener en cuenta la opinión de los habitantes y empresarios del sector.

El balance: de llegarse a implementar el enfoque de seguridad integral estipulado en el PDD, se avanzará en las  políticas sociales que requiere Bogotá con urgencia y en la reducción de múltiples delitos. Usaquén requiere de oportunidades para su población y de una discusión amplia que permita eliminar brotes de xenofobia y estigmatización, así como la justicia por mano propia. Por último, se invita a la Alcaldesa a no desconocer el proceso de organización y movilización desarrollado por la comunidad de Toberin que solicita los estudios necesarios para que la ubicación de una URI genere los máximos beneficios y menores afectaciones posibles.

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