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Cuando la tierra se corrompe

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El caso de la corrupción en el sector tierras en dos entregas. La primera sobre el fenómeno a escala global y la siguiente sobre el caso colombiano.

Luego de la firma de los acuerdos de paz en Colombia, el tema del conflicto armado está pasando a un segundo plano pese a la reticencia de las élites de siempre, quienes siguen pretendiendo que el país no salga de ese debate que ha ocupado a la opinión pública durante, al menos, las tres últimas décadas.

Es innegable que la corrupción entró con mucha fuerza a la agenda del debate nacional, y en época electoral se ha convertido, junto a la seguridad, el empleo y la situación económica en general, en uno de los temas que más preocupa a la mayoría de ciudadanos.

El caso Odebrecht y los gravísimos señalamientos que existen contra los gobiernos de Santos y los de Uribe, especialmente sobre las dos últimas campañas presidenciales de los partidos de ambos, pusieron nuevamente en la palestra otros casos en los que estos dos gobiernos, pese a sus aparentes diferencias, comparten total responsabilidad.

Como el caso de Reficar, el de la Ruta del sol y, cómo no, el de la navegabilidad del río Magdalena, que tienen además, estos dos últimos un común denominador: el nombre del actual fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez.

El caso de corrupción en el sector tierras es otro en el que a estos grupos políticos y sus aliados cercanos les caben, a la luz de la información que es pública, todo tipo de responsabilidades.

Antes de entrar en esos detalles esta primera entrega presentará algunos aspectos del panorama global del tema.

La corrupción en el sector tierras: un asunto en la agenda internacional

Según la FAO (2011), en todo el mundo una de cada cinco personas reporta haber pagado un soborno a las autoridades encargadas para acceder a los servicios agrícolas y de tierras. Este alto porcentaje de soborno en el sector perjudica principalmente a los segmentos de menor ingreso de la población que vive en áreas rurales.

De acuerdo a  la Agencia de Cooperación Alemana, GIZ (2017), los altos costos informales (entiéndase: la corrupción) crean un desincentivo para registrar las propiedades rurales, lo cual produce a su vez mayor informalidad e inseguridad jurídica del aumento de la tenencia de la misma. Como consecuencia de lo anterior, los ciudadanos que habitan fuera de las ciudades se quedan con poca o ninguna protección ante la ley, volviéndose aún más vulnerables a desalojos y otro tipo de abusos (GIZ, 2017, pág. 12)

Según la misma GIZ, aproximadamente 38 millones de hectáreas en todo el mundo – para hacerse una idea de su magnitud: la frontera agrícola de Colombia es de alrededor de 23 millones de has. y la de Argentina el doble–  están envueltas en procesos de corrupción, acaparamiento y especulación ilegales. De igual forma, según la información proveída por ese ente estatal, en el contexto internacional solo el 30 % de las tierras cuentan con un registro legal.

La FAO (2011) ha informado que en la India se estiman los sobornos al sector en un monto que sobrepasa los 700 millones de dólares por año y que pasan por los servicios de administración de tierras de ese país asiático.

Según esa misma fuente, una encuesta en Kenia, reveló sobre este particular, que en promedio el soborno pagado a los funcionarios de la agencia de tierras del gobierno keniano fue de US$ 65 durante el año del reporte. La misma encuesta también encontró que el Ministerio de Tierras de Kenia es el cuarto organismo más corrupto de la administración pública en todo el país; casi al 58 por ciento de las personas que han buscado servicios de tierras de este ministerio se les ha pedido que paguen una comisión ilegal.

Como ya se mencionó, este fenómeno redunda en últimas en el incremento de la informalidad y la inseguridad en la tenencia de la tierra. Esas consecuencias plantean un debate que merece toda la atención: ¿son la formalización y la titulación el primer paso para la apertura del mercado de tierras al sector especulativo transnacional? El informe de la GIZ se refiere a este asunto poniendo de manifiesto la dificultad que existe para documentar los casos de especulación, pues no todas las inversiones extranjeras en el sector tierras pueden ser consideradas per se cómo ilegales o corruptas; aquí uno de los principales retos para los expertos y las autoridades que se ocupan de  este tema.


Aunque en la pasada publicación en este blog del portal La Silla Vacía se trató el tema del acaparamiento, traigo como elemento actualizado este mapa que ilustra en rojo los principales países que están invirtiendo en la compra de tierras en el exterior y en verde aquellos que están siendo objeto de dichas inversiones. Aunque existen naciones que son a su vez inversores y receptores de inversión como Brasil y Rusia, es sorprendente la gran cantidad de tierra que han adquirido en el exterior países como Estados Unidos (de lejos el que más tierra posee afuera de sus fronteras) India y China.

Debe mencionarse que según los autores de este estudio (Landmatrix, 2016, pag. 10) más del 40 por ciento de las compras a gran escala son llevadas a cabo por empresas privadas, pero de igual forma un no despreciable 15 por ciento de las mismas son emprendidas por fondos de inversión y agencias pertenecientes a los gobiernos de los países compradores. Geopolítica de la tierra agrícola en acción.

Fuentes:

  • GIZ. (2017). Land Governance and its importance for Sustainable Development GIZ Student’s Day, Bonn, 2017.
  • Koechlin, L., Quan, J., and Mulukutla, H. (2016). Tackling corruption in land governance. A LEGEND Analytical paper.
  • FAO (2011). Corruption in the land sector. TI Working Paper # 04/2011.

Publicado por primera vez en La Silla Vacía