El ‘decretazo’ neoliberal de Duque

La grave crisis económica y social que se vive a nivel nacional e internacional por cuenta del COVID y la caída del precio del petróleo no tiene precedentes en la historia contemporánea. Urgen medidas de salud para contener la propagación y los estragos de la pandemia, así como políticas económicas de gasto público para enfrentar de manera acertada esta situación con subsidios para las personas afectadas y recursos para las pequeñas y medianas empresas.

Pero el Gobierno Duque, en vez de adoptar las medidas que se requieren de política económica y sanitaria para enfrentar la pandemia, se aprovecha de la grave situación de emergencia del país para expedir decretos presidenciales que ejecutan y aceleran las políticas del Paquetazo Neoliberal y que, en lugar de contribuir, agrava la situación económica y laboral del país. Son las reformas económicas contra los derechos de las personas trabajadoras y el patrimonio público que llevaron a los colombianos en 2019 al Gran Paro Nacional.

El Decreto 417 (del 17 de marzo de 2020), declaró el Estado de Emergencia, Económica, Ecológica y Social en todo el Territorio Nacional. El Decreto afirma que las acciones del Gobierno y del Banco de la República son insuficientes para atender las necesidades de salud, empleo, e ingreso de los trabajadores. Por eso, faculta al Gobierno a tomar medidas que pueden profundizar la crisis nacional, como: 1) Flexibilizar el régimen laboral de los trabajadores a contratar para la prestación de servicios públicos; 2) Enajenar, o privatizar, activos del Estado de manera más ágil; 3) Emitir títulos y dar liquidez desde el Banco de la República para bancos y empresas; Entre otras definiciones.

El Decreto 444 (del 21 de marzo de 2020) creó el Fondo de Mitigación de Emergencias, FOME, financiado con recursos prestados de ahorros regionales de regalías y el fondo de pensiones territoriales. Estos recursos ($15 billones de pesos) serán manejados por el Ministerio de Hacienda y podrá destinarlos tanto a gasto en salud, como a dar recursos a los bancos y fortalecer el patrimonio de empresas con “servicios de interés nacional”. Que los recursos puedan terminar primero en los bancos que en los hospitales, más cuando una inyección de liquidez a los bancos no garantiza, necesariamente, beneficios para empresas y familias, son las principales polémicas de este Decreto. Incluso la Corte Constitucional inició un estudio de este para que el Gobierno aclare cada una de las inconsistencias.

Por otro lado, el Decreto 492 (del 28 de marzo) acelera la conformación del Holding Financiero y abre la puerta a privatizar acciones de entidades públicas de la nación por $2,6 billones. El Holding es un conglomerado con las empresas públicas con actividad financiera de la nación, como el Banco Agrario y el ICETEX, para centralizar sus recursos y poner su capital en inversiones más rentables y lucrativas. Esto va en contravía de las necesidades sociales que debe guiar a estas empresas, como ofrecer créditos accesibles para los campesinos o permitir el acceso a la educación con créditos baratos.

Finalmente, el Gobierno emitió el Decreto 516 (del 4 de abril de 2020), que abre la puerta a desplazar la producción nacional de televisión por producción extranjera. En particular, disminuye la cuota de programación nacional de 70% a 20% en horario Triple A. Esto es una medida contra la lucha que han realizado por años la Asociación Colombiana de Actores, ACÁ, y otros trabajadores del sector, por la defensa de la producción cultural de la nación y sus derechos al trabajo.

Las medidas, anunciadas como transitorias por el Gobierno Nacional, deben alertar a todos los colombianos. Ya antes han convertido medidas transitorias como permanentes, como el 2×1000 (hoy 4×1000) creado en la crisis de 1998. Duque no puede utilizar la grave situación que vive el país para imponer sus nefastas políticas, las cuales fueron denunciadas por el Comité Nacional de Paro y rechazadas en las masivas movilizaciones del año 2019.

Colombia requiere medidas efectivas para mitigar la crisis económica y social que estamos viviendo. El Gobierno no puede seguir profundizando el fracasado modelo neoliberal que ha destruido el aparato productivo nacional y el empleo formal, debilitado nuestro sistema hospitalario y reducido al mínimo la inversión en ciencia y educación. En estos difíciles momentos, nos corresponde unirnos como nación para demandar un nuevo modelo de país, democrático y soberano, con producción nacional, mayor riqueza y mejor distribución de esta. Un modelo totalmente opuesto al impuesto por quienes nos han mal gobernado por décadas.

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