Economía estancada, ¿a quién le importa?

El pasado 5 de junio, el gerente del Banco de la República, Juan José Echavarría afirmó que ‘la economía se estancó’. Rápidamente, funcionarios del Gobierno salieron a desmentirlo: el Ministro de Hacienda, el Ministro de Comercio, Industria y Turismo, y hasta el propio presidente de la República, quien manifestó que, en una comunicación telefónica, Echavarría había reconocido ‘las señales de la recuperación de la economía’.

Es apenas obvio que los miembros del Gobierno intenten dar una imagen positiva del desempeño del país en materia económica (especialmente teniendo en cuenta sus altos niveles de desaprobación); el ministro de hacienda, que en menos de un año de gestión ya había enfrentado una moción de censura, ve al menos mermada su credibilidad y cualquier cosa que diga puede ser objeto de cuestionamiento y verificación. Además, su declaración acerca del salario mínimo calificandolo como ‘ridículamente alto’ rebaja de manera considerable su popularidad. Así, tenemos un ministro impopular y cuestionado diciendo que la economía va bien, ¿Será suficiente con que un ministro diga que va bien la economía para que la gente lo crea?

Lo cierto es que lejos de la tecnocracia, es el ciudadano común el que debe lidiar con las constantes afugias que llegan día a día. Cualquier colombiano puede hacerse una noción de la economía, viendo el aumento del desempleo, el alto costo de la vivienda en ciudades como Bogotá, el alto nivel de desigualdad de Colombia, o el déficit de cupos en la educación superior pública, por mencionar sólo algunos factores.

Y es bastante decepcionante ver cómo al mismo tiempo se hunden los proyectos anticorrupción en el Congreso, así como ser testigos de cómo cada vez se incrementan los impuestos, especialmente a las clases medias y bajas, pero no se hace nada para que los ricos tributen más, para ajustar los salarios de los altos funcionarios del Estado o simplemente para que dejen de robar. Da la impresión de que suben los impuestos (al tiempo que aumenta la deuda pública) para poder satisfacer un apetito cada vez más voraz y avaricioso de recursos públicos. Cada año se discute el aumento del salario mínimo hasta el hartazgo, y da la impresión de que nunca satisface a ninguna de las partes, pero ¿el salario de los altos funcionarios cuándo se discute? Y en las pocas ocasiones en que intenta debatirse, el resultado es siempre el mismo: no se modifica ninguno de los absurdos privilegios que tienen.  

Hacen toda clase de triquiñuelas y trampas a cualquier iniciativa que busque combatir la corrupción: el Centro Democrático, por ejemplo, exigió aplazar la fecha de la consulta anticorrupción, para que no se cruzara con las elecciones presidenciales, y de esa manera no ‘favoreciera’ a ningún candidato, con el compromiso de apoyar después la iniciativa, pero llegado el día de votar, se arrepintieron y optaron por otra alternativa que resultó también inane. Y a pesar de que el presidente de la República se comprometió con todos los partidos a festinar estas iniciativas en el Congreso, ni él, ni la Ministra del Interior dieron el mensaje de urgencia a los proyectos. Con esa manera rapaz de robar los recursos, no hay economía que aguante, no hay sistema que no se estanque.

Y mientras el presidente viaja por el mundo lapidando más recursos y buscando inversiones extranjeras que no mejoran necesariamente la calidad de vida de las personas, el problema sigue sin resolverse; sería más lógico evitar el robo de los recursos públicos antes de salir a buscar más, porque de lo contrario, es como llenar un pozo sin fondo con agua prestada por un vecino.

El discurso de la economía naranja y el emprendimiento también puede ser una especie de eufemismo para maquillar una situación bastante conocida al interior del país: el déficit de en las universidades públicas genera que muchos jóvenes no puedan acceder a la educación superior, o que se vean en la obligación de adquirir deudas astronómicas para financiar el pregrado en una institución privada. Al graduarse, un joven promedio de clase media sale endeudado a intentar encontrar un espacio en el adusto, competitivo y apretado mercado laboral, y se enfrenta a altos índices de informalidad y un déficit cualitativo y cuantitativo de empleos. Parece que no queda más remedio que emprender o vincularse a los nuevos modelos de ‘economías colaborativas’; en Colombia somos expertos del rebusque, y no por las acertadas políticas de apoyo a nuevas pequeñas y medianas empresas, si no por el desespero de evitar como sea llegar a la asfixia económica. Al fin de cuentas, poco importa si un funcionario u otro declaran que la economía está estancada o no, mientras no se mejore la calidad de vida de los ciudadanos, el desarrollo seguirá estando lejos de nuestro alcance.  

Ha pasado casi un año desde que el presidente Duque se posesionó y the Economist lo ha calificado como improductivo, seguimos exportando bienes básicos como petróleo, café y banano, no hemos podido ser una sociedad moderna e industrializada, y difícilmente llegaremos a serlo si seguimos aplicando las políticas que hasta ahora se han venido implementando: en la reforma tributaria le bajaron los impuestos a las empresas con la excusa de que así se generaría más empleo, pero el resultado fue contrario; siguen desfinanciadas la ciencia y la tecnología, y así es muy difícil generar innovación y desarrollo. 

Lo que un ciudadano común ve es que el desempleo volvió a los dos dígitos porcentuales, que el peso se ha devaluado a niveles inusitados, que el salario de los congresistas y altos funcionarios crece a niveles escandalosos, que los corruptos siguen con sus privilegios, que la desigualdad a nadie parece preocupar, que al parecer solo alcanza la plata para hacer medio metro de Bogotá, que la infraestructura de las universidades públicas se cae a pedazos, etc., etc. Mientras que los funcionarios del Gobierno se enfocan en hacer toda clase de zancadillas a la JEP y recorrer países extranjeros que estén dispuestos a comprarle a Colombia sus commodities.

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