El malestar también es laboral: el caso de los contratos por prestación de servicios

El neoliberalismo, en su afán por aumentar las ganancias de las multinacionales y los conglomerados financieros, tiene como consecuencia el deterioro de las condiciones laborales. Por eso es usual escuchar en Colombia debates alrededor del aumento de la edad de pensión, los salarios o los sindicatos, donde voceros al servicio del capital financiero plantean teorías contra los derechos de los trabajadores y promueven la flexibilización laboral como vía para acrecentar las enormes ganancias de sus benefactores.

Colombia es uno de los países más afectados por la pauperización de las condiciones laborales derivadas del neoliberalismo. Su implementación en Colombia dejó a miles de colombianos sin puesto de trabajo, como consecuencia de la destrucción de la industria nacional, el sector que más trabajadores demanda. El gobierno de Iván Duque, que le ha apostado a reducir los impuestos a las multinacionales para que generen empleos, ha fracasado estruendosamente, al punto que cada mes que pasa registra un desempleo mayor al del mismo periodo del año inmediatamente anterior.

Solo entre agosto y octubre del año pasado, 440.000 colombianos perdieron su puesto de trabajo y al aumento del desempleo se suman los malos indicadores del empleo en Colombia, como el hecho que solo 4 de cada 10 trabajadores colombianos son trabajadores formales y el ingreso laboral promedio es el más bajo entre los países que hacen parte de la OCDE, exceptuando Sudáfrica.

Acompañando el progresivo deterioro de los derechos laborales en Colombia, se ha venido estableciendo la figura del contrato de prestación de servicios como el documento tipo para la contratación de empleados. Es utilizado tanto en el sector público como privado indiscriminadamente y niega derechos laborales individuales (parafiscales, auxilio de transporte, prima de servicios, cesantías, entre otros) y colectivos, ya que por su naturaleza dificulta el derecho de asociación sindical. Para 2018, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) calculaba que existían en el país 10.000.000 de personas contratadas mediante esta modalidad, casi la mitad de la fuerza laboral de Colombia.

En el sector público los contratos de prestación de servicios son la moneda con la que politiqueros pagan y/o hipotecan favores: Yo te contrato, tu me pones votos (y viceversa). Este clientelismo es oxígeno para el régimen político en Colombia y la quintaesencia con la que las élites se ganan los favores de algunos colombianos, mientras en paralelo gobiernan y legislan para intereses antinacionales. 

El contrato de prestación de servicios es permitido por el artículo 32 de la Ley 80 de 1993. Sin embargo, en su concepción original, este solo puede ser ejecutado por una persona natural cuando no pueda realizarse con personal de planta de la entidad o cuando la administración requiera conocimientos especializados. Pero la realidad ha desbordado a la ley y se estima que 62 de cada 100 trabajadores del sector público están vinculados mediante prestación de servicios.

Quienes han estado contratados por esta modalidad conocen el suplicio que significa pasar una cuenta de cobro y que sea devuelta infinitas veces, que no se cumplan con los cronogramas de pagos, pedir prestado para pagar la planilla de seguridad social y correr a desafiliarse en la EPS apenas se termina el contrato para no tener que pagar un mes sin haberlo trabajado. Además, también es norma en el sector público tener que trabajar literalmente gratis con la esperanza que el mes siguiente salga un nuevo contrato o tener que darle un porcentaje de los honorarios al político que lo recomendó en la entidad. 

En el sector privado el contrato de prestación de servicios es utilizado sobre todo para la negación de los derechos laborales, individuales y colectivos, y de esta forma reducir la “carga laboral” del empleador. Desde César Gaviria y pasando por la reforma laboral de Uribe, que eliminó el recargo nocturno entre las 6 y las 10 pm y modificó las sanciones por despido sin injustificado, se viene esbozando la falsa teoría de que la reducción de gastos laborales aumenta el empleo, que no ha funcionado y que está montada para facilitar la llegada de las multinacionales y la explotación de la mano de obra nacional a bajo costo. Vale decir aquí que el trabajador colombiano es barato y que el salario mínimo es de los más bajos de la región.  

Por su parte, el contratista está sujeto a los mismos abusos que se ven en el sector público, como horarios que desbordan las 8 horas legales, inestabilidad laboral y la dificultad para organizarse en sindicatos para la exigencia de derechos. También supone una dificultad los largos periodos que los contratistas pasan sin contrato, que a futuro se verá reflejado en la cotización a fondos de pensiones cuando el trabajador aspire a lograr su jubilación. 

La explosión social que vivió Colombia en el bimestre final del 2019 tiene que ver mucho con las condiciones de explotación a la que los trabajadores colombianos están sometidos, entre otras, con la contratación por prestación de servicios, sumado a la oposición al pésimo gobierno de Iván Duque y su arrodillamiento obediente a cada una de las palabras que se dictan desde las organizaciones multilaterales, como la OCDE.

Urge la más amplia organización de todos los colombianos que son contratados mediante prestación de servicios para la defensa de sus derechos y apoyar el petitorio del Comité Nacional del Paro, que incluye la exigencia de una política pública que elimine la tercerización laboral y propenda por la formalización y el trabajo decente. 

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