Juez de Cartagena abandona la ley y toma la biblia para discriminar a pareja de mujeres

En decisión del 31 de agosto de 2020, el Juzgado Décimo Civil Municipal de Cartagena rechazó la solicitud de matrimonio civil de Judith del Carmen y Guskary Alejandra. En esa polémica decisión el juez argumentó que el único Dios verdadero era el cristiano y que ante una tensión entre la Constitución, las leyes colombianas, lo decidido por la Corte Constitucional y la “ley divina”, él decidía desconocer las primeras para aplicar directamente los “mandatos de Dios”, y que por lo tanto, se negaba aplicar los preceptos ordenados la Corte Constitucional en Sentencia C-577 de 2011, en lo referente al matrimonio igualitario para parejas del mismo sexo.

Como si se tratase del siglo XV y no del XXI, en entrevista en Blu Radio, el 2 de septiembre de 2020, el Juez Ramiro Eliseo Flórez manifestó que «hay que mirar la biblia y ahí se enteran de todo, de los pecados, todos somos pecadores, pero uno se arrepiente».

Esta decisión es a todas luces contraria a la Constitución y a la Ley colombiana. Para el Constitucionalista Manuel Fernando Quinche la decisión del Juez Flórez es desacertada por varios motivos. En primer lugar, los jueces están obligados a cumplir la Constitución, la ley y los precedentes judiciales, pues cuando asumieron el cargo juraron fue cumplir la ley y la constitución de Colombia y no la “ley divina”. En segundo lugar, los jueces no pueden plantear la objeción de conciencia religiosa en el ejercicio de sus funciones, no porque no tengan consciencia, sino que el ejercicio de su libertad de conciencia se ve limitado por el ejercicio de su cargo público. Y por último, no pueden hacerlo pues en casos como este incurrirían en un acto de discriminación por género que es una categoría prohibida, y entrarían a violar diversos derechos como el del acceso a la justicia, igualdad y libre desarrollo de la personalidad.

Lo cierto es que la decisión del Juez Ramiro Eliseo Flórez es completamente ilegal y se aparta de los deberes de una autoridad pública, que tienen el deber de apartarse de las posturas religiosas o con ideologías, como lo indica la Corte Constitucional en Sentencia T-388 de 2009, en la cual se establece que las autoridades públicas no pueden excusarse en razones de conciencia para abstenerse de cumplir con sus deberes constitucionales y legales.

Wilson Castañeda, director de la Coporación Caribe Afirmativo que denunció el hecho, dijo «vamos a concentrar en buscar a las dos mujeres a las que el juez les negó el derecho al matrimonio y teniendo en cuenta que los notarios también pueden casar vamos a buscarlas y acompañarlas, si así lo desean, para que puedan casarse».

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