Juventud en Colombia, ¿hay razones para protestar?

En el marco de las más recientes movilizaciones convocadas por el Comité Nacional de Paro, la juventud ha sido una de las poblaciones más activas y participantes, ocupando plazas y realizando marchas y plantones mayoritariamente pacíficos, además de cientos de actividades artísticas y culturales en todo el territorio nacional.

¿Cuál es la situación de esos 11.519.020 de jóvenes que están entre los 14 y 28 años que les lleva a marchar, a tomarse las calles, a exponerse a la brutalidad policial y a exigir cambios al modelo de país? Aquí un resumen que toma fuentes oficiales.

Trabajo y emprendimiento

El desempleo juvenil en Colombia es un problema estructural, y se ha mantenido por encima del 15 % en los últimos 10 años y alcanzó un alarmante 29,7 % para el 2020 (DANE). Según la Unidad de Servicio de Empleo (2019), la tasa de colocación de jóvenes en un empleo es apenas del 27 %, con remuneraciones en promedio inferiores a las de otros rangos etarios, agravado en el caso de mujeres.

Al analizar las privaciones que afectan la pobreza multidimensional, sobresale la de empleo informal. El 78,8 % de la juventud hace parte de hogares con esta privación, que afecta el acceso a derechos y calidad de vida. 

Para 2020, casi 1 de cada 3 jóvenes a los 18 años, momento crucial para la definición de proyectos de vida, se encontraba en condición Nini (sin estudiar, ni trabajar). Al observar la proporción de Ninis por departamento, Valle, Antioquia y Chocó promediaron un 25 %, y la Guajira y Bolívar están por encima del 30 %.

Resaltan también las cifras sobre “emprendimiento juvenil”, un tema que se vende con algarabía por parte del Gobierno Nacional. Aunque más del 40% de los emprendedores están entre 18 y 34 años según el Global Entrepreneurship Monitor GEM (2015), solo el 6 % de los emprendimientos sobreviven más de 3 años y medio, dada la falta de capacidad y experiencia, y la nula defensa por parte del gobierno de la producción nacional.

Educación 

La realidad es que la mayoría de la juventud no está accediendo a educación ni siquiera en los niveles medios. Según el Ministerio de Educación Nacional, la tasa de desescolarización en la educación media fue en los últimos 6 años superior al 50 %., y de cada 100 estudiantes que ingresan a 1º de primaria, solo 44 logran graduarse de grado 11º (Ministerio de Educación Nacional, 2019). Además, 1 de cada 4 jóvenes presenta rezago escolar, y si nos comparamos con el promedio de países de la OCDE, el atraso del país es de dos años.

En general, los problemas del país en materia de educación siguen siendo el poco acceso y la baja calidad. 30 años del mismo modelo que se repite gobierno tras gobierno. 

Salud y entornos seguros

La población joven tiene el más alto porcentaje de personas sin aseguramiento en salud (16%), además de malos hábitos alimenticios y acceso a alimentos de baja calidad. El consumo de alcohol, tabaco y sustancias ilícitas inicia temprano, en promedio entre los 13 y 14 años (Observatorio de Drogas de Colombia, 2019) y solo 13,4 % de la población entre 13 a 17 años cumple las recomendaciones de actividad física establecidas por la OMS, según la Encuesta Nacional de la Salud Nutricional (2015).

En el país las y los jóvenes crecen en entornos violentos e inseguros. Según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el 50 % de la población en edades entre 15 y 29 años sufre violencia interpersonal, violencia intrafamiliar y homicidios. En 2019, 40,8 % de los reportes de violencia intrafamiliar y 46,4 % de violencia interpersonal se presentaron en jóvenes.

Es alarmante la vinculación de  jóvenes a estructuras delictivas. Según las cifras de 2020 del Ministerio de Justicia y del Derecho, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Fiscalía General de la Nación, Policía Nacional y UNODC, el número de ingresos promedio al año de jóvenes al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, entre el 2016 y 2020, asciende a 16.125,  principalmente por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, hurto o hurto calificado. El papel que puede desempeñar el Estado es fundamental, en tanto las variables que facilitan la vinculación de los niños, niñas y adolescentes a los Grupos Delincuenciales Organizados, GDO, se asocian con elementos que se pueden contrarrestar con políticas públicas. Según la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos (2018), estas variables son, entre otras: (i) que los jóvenes residen en entornos donde el delito o la pertenencia a los GDO es uno de los pocos o el único medio de ingresos, (ii) se encuentran en situación de abandono, (iii) son consumidores de SPA o tienen algún tipo de cercanía con el consumo (amigos o familiares), (iv) sus hogares son monoparentales, (v) presentan dificultades en el entorno académico llegando a la deserción escolar.

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Todos estos elementos presentan una cruda radiografía de la situación juvenil, y se manifiestan con mayor profundidad en las poblaciones jóvenes rurales, LGBTI, Raizales, ROM, Afro, indígenas y palenqueras, demandando con urgencia una perspectiva diferencial para atender la crisis de la juventud.

Las soluciones requieren un enfoque que entienda la importancia del desarrollo de las fuerzas productivas nacionales y la protección del agro, la industria y las fuentes de empleo. Así, la educación adquiere un valor sustancial por la necesidad de personas cualificadas. Está en mora una visión de gobierno y Estado que defienda y promueva los intereses nacionales y con ellos, los de la gente. Algunas de esas propuestas que se pueden desarrollar si de verdad hay intención de mejorar las condiciones de vida de los jóvenes han sido expuestas en el pliego de emergencia del Comité Nacional de Paro, que el gobierno se ha negado a negociar. Acá se presentan de manera indicativa: 

  • Apuesta fuerte de empleo público nacional con énfasis en jóvenes y mujeres para la creación y fortalecimiento de las fuentes de empleo nacionales. 
  • Transferencias monetarias condicionadas que hagan énfasis en acompañamiento socioemocional y ocupacional que permita superar brechas de desigualdad.
  • Subsidio a la oferta. Es decir, fortalecimiento de las instituciones de educación básica, media y superior que repercute en el mejoramiento de la calidad educativa.
  • Entender a la juventud como actor político con intención de incidir. Apuesta por el fortalecimiento de los escenarios de participación incidente de la juventud, como por ejemplo los Consejos Locales de Juventud.
  • Un enfoque rural, de género y diferencial que permita atender las inequidades presentes y profundizadas en estas poblaciones.

Coletilla: el gobierno se acaba de endeudar con el BID por 50 millones de Dólares, alrededor de 200.000 millones de pesos, con el propósito de «fortalecer el desarrollo integral de la población joven urbana y rural y la construcción de sus proyectos de vida para contribuir a su vinculación como agentes de desarrollo político, económico, social y cultural del país». ¿Por qué los problemas de la juventud se usan como pretexto para minar la soberanía y endeudar al país con recursos que además no le llegan de manera directa a la juventud?

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