La seguridad de Bogotá está en crisis con Peñalosa

Ya van cerca de 3 años de la “intervención” del Bronx realizada en la localidad Los Mártires y el delito se ha disparado como resultado de la improvisación y la falta de previsión y prevención. Aquel desalojo a la fuerza, con tan solo 20 capturas —de mandos medios—, no logró desarticular las bandas criminales del Bronx. El no tener presente la dimensión de la situación de los habitantes de calle, ni un equipo humano suficiente, ni tampoco programas de atención integrales, provocó un drama de inseguridad a lo largo de la ciudad; un ejemplo de ello es el barrio Santa Isabel.

En Los Mártires, entre el 2017 y el 2018, el hurto a personas creció 39%, con doce casos diarios, el robo de celulares aumentó 40%, con siete casos diarios, y el de bicicletas se incrementó en 102%, una bicicleta robada cada dos días. En consecuencia, la calidad de vida y el bienestar de los habitantes ha disminuido, los predios se han desvalorizado y el entorno de la localidad se ha deteriorado; todo esto aupado por grandes inversionistas que quieren apropiarse del suelo para inmensos negocios inmobiliarios. Es decir, la inseguridad terminó auspiciando un espacio favorable a un negocio de especulación inmobiliaria, al servicio de poderosos intereses, manifestados desde que se formuló el Plan Centro en 2007 y que se reafirman y expanden con la propuesta de Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Peñalosa.

Si bien en la pasada rendición de cuentas el alcalde Peñalosa planteó avances en materia de seguridad, los datos oficiales muestran lo contrario. Luego de tres años de gobierno los hurtos en el distrito han aumentado al punto que el 57% de las personas se sienten inseguras en la ciudad, un indicador que es peor para las mujeres con 61%.

La política del Distrito ha dejado de lado los enfoques preventivos, con pésimos resultados en su política de garrote. Miremos: en el 2018 se presentaron 103.792 casos de hurto a personas, un aumento del 35% respecto al 2017; ocurrieron 3.468 robos de automotores y 3.772 de motocicletas; el hurto de bicicletas subió 66% y el de celulares 45% de 2017 a 2018. Lo anterior no es de poca monta pues genera miedo en la población, la lleva a encerrarse en la noche o no transitar determinados barrios y se convierte en una barrera para el desarrollo comercial, industrial, ambiental, social y político, nutriendo el caldo de cultivo de desempleo, pobreza y desigualdad para que las personas caigan en las redes delincuenciales.

Es imperativo atender la necesidad de un enfoque integral que abra el camino a restablecer la confianza de la ciudadanía en sus instituciones de policía, partiendo de una política económica y social que permita la garantía de derechos y mejorar la calidad de vida, y asumiendo un rol preventivo y de combate contra el crimen organizado. Adicionalmente, es preciso el fortalecimiento de la justicia, de manera que se garantice su acceso, efectividad y autonomía.

Respecto a la política de “resocialización” frente al delincuente, es necesario replantear el papel de la cárcel, pues esta se ha convertido en un depósito de excluidos en donde el camino del crimen se reafirma como proyecto de vida y el Estado normaliza la violación sistemática y generalizada de derechos humanos a la población. Algún lector podrá pensar “que sufran, para eso es la cárcel”, sin embargo, la indignación frente a la inseguridad no nos puede hacer olvidar dos hechos: primero, la mayoría de las personas que están en las cárceles saldrán, y cuando eso ocurra, lo mejor para ellos y para nosotros, es que esas personas hayan podido construir un proyecto de vida diferente al delito. En segundo lugar, la condena que el Estado les impuso fue perder su libertad, no su dignidad. Si las víctimas pudieran impartir justicia por propia mano, seguramente olvidarían que la dignidad humana impone límites al castigo, por eso se requiere de un tercero —el Estado— para que imparta justicia, imponga castigos con apego a la dignidad humana y ofrezca alternativas al delito a quienes los cometieron.

Por último, es determinante para la seguridad de Bogotá discutir sobre qué forma debe tomar el desarrollo urbano. Si es aquel donde el eje central es brindar condiciones materiales y oportunidades para el progreso de la ciudadanía, contando con su identidad en el espacio público, buena iluminación, mantenimiento de la infraestructura en los barrios, correcto manejo de basuras y dándole un papel determinante a los habitantes en la definición de su territorio, como elementos definitivos en la prevención del delito a través del diseño urbano y la participación ciudadana. O por el contrario, si se planeará la capital sin ningún tipo de prevención como en la intervención del Bronx, privilegiando a grandes grupos financieros interesados en aumentar sus utilidades mediante la especulación del suelo y sin importar los efectos sobre las poblaciones.

Nota: Vale la pena llamar la atención sobre el planteamiento de flexibilizar el porte de armas ya que desconoce el principio de que el monopolio de las armas debe estar en manos del Estado. La seguridad es un derecho que debe garantizar el Estado, no un privilegio del más fuerte.

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