Las vacunas y los pastorcitos mentirosos

Colombia está en la cola de los países que han iniciado vacunación contra el COVID-19. De acuerdo con las cifras de la base de datos Our world in data, la cual está a cargo de la Universidad de Oxford, a la fecha se registran más de 10 millones de personas vacunadas en el mundo con la primera dosis, pero ninguna en nuestro país.

Colombia decidió abstenerse de votar la petición que la India, Sudáfrica y otros países presentaron ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) para lograr una suspensión temporal de los derechos de propiedad intelectual y —por lo tanto— de las patentes que las grandes compañías farmacéuticas poseen sobre las vacunas para el COVID-19. Al abstenerse de votar, Colombia contribuyó a la derrota de la propuesta e impidió que estas vacunas fueran más asequibles a países de ingresos medios y bajos. Además, dado que gobiernos anteriores desmantelaron la capacidad de producir vacunas que tenía el Insitituto Nacional de Salud, asumir una supuesta neutralidad en la votación de una propuesta tan justa y necesaria, como la denegada por la OMC, es un acto del gobierno de Duque totalmente inaceptable, sobretodo cuando hoy ya superamos las 50 mil víctimas mortales a causa de la pandemia.

Nunca antes se había requerido una ley para adquirir una vacuna o un medicamento, sin  embargo, y desconociendo nuestro propio ordenamiento interno, en diciembre las mayorías del Congreso aprobaron a pupitrazos la Ley 2064 de 2020, que prioriza proveedores como el sector privado u organismos multilaterales, mientras excluye a países productores y comercializadores de vacunas seguras y eficaces, como las producidas en China y Rusia, a la vez que exonera a las grandes farmacéuticas de responsabilidades por los efectos adversos que puedan presentar las personas luego de la aplicación de sus vacunas. Fue tan “bien” confeccionada la ley que solo les faltó bautizarla como “Ley Pfizer”.

El Presidente Duque y el Alcalde Pumarejo, parecen traídos de la fábula del Pastorcito Mentiroso: aunque el pasado 18 de diciembre el Presidente anunció que había adquirido 40 millones de vacunas contra la COVID-19, a mediados de enero el mismo gobernante señaló en el XII Foro Ministerial para el Desarrollo en América Latina y el Caribe que apenas a la fecha «se estarán cerrando contratos en los próximos días, y que empezaremos en el mes de febrero un proceso de vacunación». A Duque le sigue la cuerda el alcalde barranquillero, quien recientemente señaló que está «ultimando los detalles de la logística», todo esto para adelantar el plan de vacunación que desde el mes de diciembre pasado se publicó y en el que se prioriza a personal de la salud y adultos mayores de 80 años pero no se dan fechas (hasta hace poco una tentativa de inicio y posibles lotes recibidos por mes). Sin embargo, en mis cuentas, los tiempos no nos dan para anunciar con tanto optimismo esa noticia populista.

La educación y promoción, la eliminación de mitos y tabúes es la mejor forma de lograr que las personas accedamos a vacunarnos y hacerle frente a la pandemia. Sin embargo, desde Barranquilla tenemos muchas inquietudes y muchas de ellas nacen por muchos pronunciamientos desacertados de nuestro alcalde. Es perentorio que a la ciudadanía se nos explique el procedimiento de vacunación que aplicarán, el método de distribución de las vacunas y seriamente respondan si se piensa hacer o no estudio de seroprevalencia del virus por localidades (esto último sería determinante para caracterizar y priorizar la población primeramente beneficiaria). Sin resolver esos interrogantes, seguimos destinados al oscurantismo, la incertidumbre y al aumento diario de las cifras de contagios y muertes.  

CODA: Entendemos lo costosas que son las vacunas, mucho más cuando son dos dosis por personas. Siendo este un país donde impera la corrupción el costo final puede ser mayor al esperado, sin embargo, la fase de aplicación se estima mucho más costosa (pues lo complejo de la logística lo amerita), haciendo necesario que la administración de Barranquilla se oponga a la propuesta de decreto del Gobierno Nacional que le traslada a las entidades territoriales la responsabilidad de comprar directamente las vacunas. Esta leguleyada no solo nos dejaría presos de una dinámica del mercado que elevaría los costos, sino también, nos expondría a que la compra y aplicación solo le sea permitido a los municipios que más participación presupuestal tengan.

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