Los 15 ‘pecados’ de Carrasquilla

Lo peor de Carrasquilla y sus bonos no es que haya hecho un negocio, porque Colombia es una economía de mercado, sino que fuera un torcido de 440 mil millones de pesos contra 117 municipios.

Según el Ministerio de Vivienda, en solo 12 casos los préstamos cumplieron a cabalidad con el fin propuesto.

Fue tal la avivatada, que el Ministerio de Hacienda tuvo que cambiar lo pactado, a un costo para los colombianos de 495 mil millones de pesos.

El detrimento patrimonial, tieniendo en cuenta el rescate de la Nación, suma en toal total más de un billón de pesos.

Los municipios quedaron entrampados: no tienen los acueductos ni con qué hacerlos, porque les falta pagar, hasta el 2028, 1,7 billones. Casos como el Buenaventura, que prestó 49 mil millones, ha pagado 56 mil pero aún debe 42 mil se repiten por todo el país.

Carrasquilla y sus asociados les impusieron a los municipios los créditos a la muy alta tasa de interés de 17 por ciento, cuando Findeter prestaba al 12 y para el mismo fin.

Que no podían renegociarse ni pagarse por anticipado y que tenían que recibirlos en un solo contado, forma oculta de subir la tasa de interés real.

El costo relativo de la plata era aún más alto, porque las deudas no tenían riesgo, dado que las pagaba el gobierno nacional con recursos del Sistema General de Participación. Es decir, los bonos se vendieron por debajo para poderlos revender en el mercado y sacar más plata.

Los proyectos no tuvieron interventoría y a las Alcaldías tampoco se les exigieron planos, presupuestos y planes de obra.

A tanto llegó el dolo de Carrasquilla, que la cláusula 8.1 de los contratos convirtió los préstamos en de libre destinación, al señalar que prestamista y municipios “no tendrán obligación alguna de verificación, supervisión, asesoría o asistencia alguna en relación con el uso efectivo y la destinación de los recursos obtenidos a través del préstamo”.

Así, no les pusieron ninguna traba a los alcaldes para que malbarataran la plata y se la robaran, como sucedió en grandes proporciones.

Cuando los carrasquillistas dicen que los culpables son únicamente los alcaldes, se expresan como el traficante de drogas que dice que él solo las vende, pero que no obliga a nadie a consumirlas.

Para convencer a los alcaldes de que era mejor endeudarse con ellos al 17 % que con el Findeter al 12, Carrasquilla les explicaba que el Findeter sí les controlaba cómo se gastaban la plata.

El 86 por ciento de los municipios esquilmados eran de categoría seis, los más pobres y débiles técnicamente, es decir, los más fáciles de entrampar en un negocio contra ellos mismos.

Iván Duque sostiene que Carrasquilla “no era asesor de entes territoriales” ni “intermediario ni tenía arbitraje sobre las colocación de unos bonos” y que apenas “diseñó un producto”. Falso. Porque fue decisivo en cada paso de este abuso.

Carrasquilla participó, con sus socios estadounidenses y Alianza Fiduciaria, en cada detalle de cómo maltratar a los municipios.

Como ministro de Hacienda de Álvaro Uribe Vélez, cambió la Constitución para que este negocio pudiera hacerse.

Violando la ley de inhabilidades, a los siete meses de renunciar al Ministerio se fue a Panamá y, a las escondidas, creó Navemby Investment, la firma con la que trajo de Estados Unidos la plata del GFI que apalancó el negocio, a pesar de que pudo traerla directamente a Bogotá.

Solo por los Papeles de Panamá salió a la luz este guardado, que el ministro no ha explicado en serio, porque alega tener “un acuerdo de confidencialidad”.

Conocedores del tema dicen que pudo haber lavado de activos.

El representante legal del GFI en Colombia fue Andrés Flórez, exsubalterno de Carrasquilla en el Ministerio y su socio en Navemby y en Konfigura, otra empresa creada para estos fines.

Carrasquilla reclutó a los alcaldes que mal endeudaron a sus municipios, la parte principal del negocio, porque sin los contratos de esos préstamos no hubieran podido emitirse los bonos que adquirieron los prestamistas.

Por estas andanzas, Carrasquilla recibió 22.657 millones de pesos, según los asientos contables de Alianza Fiduciaria.

Si no se sabe todo lo ocurrido, es porque ellos, violando la ley, se niegan a entregar los contratos de este negociado.

Tan ilegal fue esta operación que existe el Decreto 28 de 2008, diseñado contra engaños como este, sobre el que algunos congresistas demandarán a favor de los 117 municipios para rescatarles 1,5 billones de pesos.

Consulte el repositorio de pruebas preprado por el Senador Jorge Robledo