¿Negociando con la muerte?

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Muchos colombianos tienen que abandonar su patria por falta de oportunidades de trabajo o estudio y desde afuera hacen gigantes aportes a la economía del país. ¿Qué debe pasar si un colombiano muere en el exterior y su familia quiere enterrarlo?

Muchos colombianos tienen que abandonar su patria por falta de oportunidades de trabajo o estudio y desde afuera hacen gigantes aportes a la economía del país. ¿Qué debe pasar si un colombiano muere en el exterior y su familia quiere enterrarlo? Hoy el Estado se hace responsable en algunos casos, pero se discute dejar siempre la responsabilidad a la familia. Nuestro columnista invitado nos pone en contexto y nos da su opinión al respecto.

El pasado 9 de octubre el congresista Juan David Vélez, representante a la Cámara por los colombianos en el exterior, presentó un proyecto de ley por medio del cual se creará un seguro obligatorio para la repatriación de los cuerpos de los colombianos fallecidos en el exterior. En su exposición de motivos puntualiza que “no queda duda, de que el seguro es el mecanismo idóneo para respaldar una necesidad, no sólo personal y familiar, sino también económica, ya que supone un aporte de todos aquellos que estamos expuestos a este riesgo y al ser obligatorio todos estamos sujetos a adquirirlo sin ninguna clase de distinción”.

Así las cosas, el citado proyecto de ley a simple vista parece ser una solución adecuada con respecto a las repatriaciones de cuerpos de colombianos fallecidos en el exterior, pero lo que oculta de fondo es el interés de desprotegerlos por parte del estado colombiano frente a dicha problemática y dejar la solución sólo en manos del ciudadano, pues será este el que finalmente va a adquirir un seguro obligatorio en el momento de la expedición de su pasaporte. Sí tomamos la información contenida en la exposición de motivos de este proyecto de ley, fueron más de 5 millones de colombianos que expidieron su pasaporte entre el año 2014 y 2018 y cerca de 2 millones de ciudadanos que salieron de Colombia tanto en el segundo semestre de 2017 como en el primero de 2018; está claro que con la creación de este seguro obligatorio se le está creando un gran mercado a las compañías aseguradoras en aras de consolidar un modelo en beneficio de la intermediación financiera.

Además, no es claro el representante Juan David Vélez en la exposición de motivos del proyecto de ley, sí el valor del pasaporte, que ya es costoso, aumentará con dicho seguro, puesto que de no ser así habría que preguntarle de dónde saldrán los recursos para dicho seguro; tampoco deja claro la periodicidad en la cual se debe renovar el seguro (¿mensual, anual?) y menos si los rangos de edad afectan el valor de este, puesto que, en la lógica de las compañías aseguradoras, el valor de un seguro puede variar de acuerdo a ciertos criterios como lo es la edad o la preexistencia de enfermedades. Finalmente, el autor de este proyecto de ley ignora la realidad de los colombianos que están en el exterior al imponer este seguro obligatorio a quienes ya cuentan con una póliza al respecto o que simplemente ya han tomado la decisión de ser sepultados en su país de residencia. Estos y otros detalles, que no son claros, serán reglamentados a posteriori por el Ministerio de Relaciones Exteriores, dejando a esta entidad la potestad de definir la naturaleza del seguro, las coberturas y exclusiones, las tarifas y las aseguradoras que ofrecerán el seguro, ¿negociando con la muerte?

Son precisamente estos factores, sumados a otros detalles técnicos y administrativos, que la idea de un seguro obligatorio no corresponde a la función social el Estado colombiano de proteger a sus ciudadanos que fallezcan en el exterior. No hay ninguna actitud loable por parte de esta iniciativa; en contraste, países como Tunes, Marruecos y Argelia, este último después de proponer una idea similar de un seguro, asumen con cargo al Estado los costos totales de la repatriación de los cuerpos de sus ciudadanos fallecidos en el exterior si así fue el deseo de este o de su familia, trasmitiendo el mensaje de un Estado que no desampara a sus ciudadanos en el exterior. ¿Para cuándo en Colombia?

Cabe recordar que la muerte de un colombiano en el exterior conlleva un sinnúmero de inconvenientes y representa un desafío si su deseo, o el de su familia, es de ser repatriado a Colombia. Ante este hecho, las familias se enfrentan a la tediosa tarea de realizar trámites de todo tipo, dependiendo de la legislación del país donde ocurrió el fallecimiento, y de asumir los altos costos que este procedimiento conlleva.

Si la familia del colombiano fallecido en el exterior no puede sufragar los gastos de su repatriación, hoy el Estado colombiano, mediante el Fondo Especial para las Migraciones, le puede brindar ayuda y apoyo económico para la repatriación del cuerpo, pero sólo si se trata de un caso especial de vulnerabilidad económica o por razones humanitarias. De este modo, 104 repatriaciones de cuerpos de colombianos fallecidos en el exterior se realizaron mediante este fondo entre el año 2013 y 2018, según un informe del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Sí la solicitud de repatriación no cumple con los criterios de este fondo, son las familias de los colombianos que fallecen en el exterior las que deben asumir la totalidad de los gastos de repatriación, que, según varios expertos en el tema, pueden llegar a costar hasta 30 millones de pesos. Cabe decir que, el Estado colombiano no tiene la información exacta de cuántos colombianos que mueren en el exterior son sepultados en sus países de residencia o que sus familias asumen los gastos de la repatriación. Lo cierto es que es muy común y normal ver las familias y amigos de los colombianos fallecidos en el exterior realizar todo tipo de colectas de dinero y promover campañas de donaciones ante la imposibilidad de sufragar los gastos de repatriación a Colombia. Esto demuestra una vez más el abandono y la falta de apoyo del Estado colombiano a una población de alrededor 6 millones de colombianos que, según datos del Banco de la República, aportarán a la economía colombiana la suma de 6 mil millones de dólares en el año 2018.

Si bien es cierto que el Fondo Especial para las Migraciones cuenta con escasos recursos para la realización de sus tareas como lo es, entre otras, la repatriación de cuerpos, lo cierto es que sí puede realizar dichas tareas y podría efectuar todas las repatriaciones de cuerpos sí contara con más presupuesto y mejores condiciones de funcionamiento, para lo cual el representante Juan David Vélez podría presentar un proyecto de ley que busque estos ingresos para el fondo en lugar de descargar la responsabilidad en los ciudadanos y favorecer el mercado especulatorio de los seguros y pólizas.

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