No fue una “jugadita”

Lo sucedido en el Senado de Colombia el 22 del pasado mes de octubre, cuando 58 congresistas, mediante una propuesta simple de Ernesto Macías, decidieron boicotear a la oposición no permitiendo la realización de la Moción de Censura en contra del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, no fue otra “jugadita” de las leguleyadas del señor Macías, quien ya está reprendido judicialmente por sabotear, como presidente saliente del Senado, la intervención de la oposición en la instalación de las sesiones el 20 de julio de 2019. El hecho es más bien un paso más en la consolidación de una actitud autoritaria en la que avanza el presidente Iván Duque, con sus conmilitones del Centro Democrático, partido Conservador, Cambio Radical, la U, el liberalismo y Colombia Justa y Libre, que con unas contadísimas excepciones, se volvieron implementadores del “todo vale”, cumpliendo las imposiciones del Gobierno Nacional, manteniendo su conducta de tránsfugas que los ha llevado a ser “uribistas”, después “santistas” y ahora “duquistas”, para poder vivir de la mermelada del erario y del presupuesto nacional. La actitud del presidente del Senado, Arturo Char, quien lucía pálido y asustado, corresponde precisamente a la de una persona que está sub judice ante las investigaciones que le realiza la Corte Suprema de Justicia —¡cómo se demoran!— por posible corrupción electoral, por lo cual éticamente estaría inhabilitado para dirigir la principal Institución de la democracia. Se sabe que lo designaron a dedo, no por íntegro sino para consolidar “el tapen, tapen” y pagar favores.

Obstruir la realización de la Moción de Censura solicitada por más del diez por ciento de los senadores, como exige la Ley y garantiza la Constitución Política Nacional, no solamente es un burdo prevaricato que debía ser investigado de oficio por la Corte Suprema de Justicia debido a las graves consecuencias que trae para el país, sino que ha sido considerado como un golpe a su democracia. Es otro hecho que se suma a los gritos autoritarios del presidente Iván Duque y a los alaridos a los cuales nos tiene acostumbrados el uribismo. El desconocimiento a la oposición democrática civilista, tanto en el Congreso de la República como fuera de él, la estigmatización de los movimientos sociales, el asesinato de líderes sociales, las masacres diarias, la persecución a periodistas independientes y oposición, la emisión de leyes que cercenan las libertades, y la agresiva actitud de la policía en el control del orden público y la arremetida contra el derecho fundamental universal a la protesta y movilización, son rasgos que van insertando al gobierno de Duque en la categoría del autoritarismo. 
El solicitante del debate, el senador Jorge Robledo, afirma que la obstrucción de la Moción de Censura se debe a que «les dio miedo que los colombianos conocieran los detalles con los que Duque violó la Constitución al autorizar tropas norteamericanas en Colombia (…) Lo que pasa es que les importa un pepino pasarse por la faja las normas que juraron cumplir y que no hay artículo en la Constitución —¡ninguno, no mientan más!— que autorice que militares de EE.UU. actúen en Colombia más allá del tránsito. Pero la razón principal para estos actos que los avergüenzan reside en su vocación de alfombras».

No permitir la Moción de Censura a un ministro levantó una oleada de rechazo, hasta de personajes del oficialismo, que llevó a que el mismo día se impusiera la tendencia #GolpeAlaDemocracia en redes sociales. ¡Un atentado contra la democracia!

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