Peñalosa lleva a comerciantes de Kennedy al borde de la quiebra

Desde el mes de diciembre del 2018 el alcalde Enrique Peñalosa, mediante el decreto 719 del 2018, decretó ley seca por tres meses en la UPZ 80 de la localidad de Kennedy. Esta medida es considerada arbitraria por los comerciantes, trabajadores y demás personas que dependen del expendio legal de licor. Varios comerciantes consultados señalaron que que en el país no existe un precedente que iguale esta norma, debido a que la ley seca es una medida transitoria que se ha implementado para prevenir alteraciones del orden público en eventos esporádicos como las elecciones y los partidos de fútbol, pero nunca por 90 días.

Esta decisión de la administración de Enrique Peñalosa ha ocasionado cuantiosas pérdidas, y muchos de los comerciantes legales, que pagan impuestos, arriendos y generan empleo, se han visto obligados a entregar sus locales.

Una de las razones con las que Enrique Peñalosa ha justificado esta medida, ha sido la de enfrentar la inseguridad. “(…) aquí lo que vamos es a poner orden y mejorar la seguridad de su sector cueste lo que cueste nosotros hemos venido haciendo esfuerzos ustedes lo saben hemos recuperado los sectores y obviamente nosotros vamos a seguir manteniendo el esfuerzo”. Sin embargo, El Chapín conversó con varios habitantes del sector quienes afirman que la delincuencia ha aumentado debido a la falta de actividad comercial en la zona y la pésima iluminación, entre otros factores. La señora Diana Herrera comerciante afectada de la calle 38 Sur comentó que pese al intento del alcalde de justificar esta medida para enfrentar la inseguridad, los índices de delincuencia en la UPZ 80 han aumentado de una forma considerable en hurtos a personas y residencias, y también se están viendo afectados otros barrios fuera de la UPZ 80. Por otra parte, es completamente falso que la UPZ cuenta con iluminación LED.

Ante esta situación, la comunidad ha desarrollado cuatro movilizaciones en el mes de diciembre del 2018, se realizó una audiencia pública y se constituyó una veeduría ciudadana el día 21 de enero del 2019 para realizar seguimiento a las consecuencias causadas por la ley seca. Se prepara nuevas actividades para manifestar su rechazo a esta medida sin precedentes en el país.

Noticia en desarrollo.

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