Política social en barrios y escuelas para mejorar la educación

Colombia es uno de los países más desiguales del mundo y es el más desigual de América Latina1. Una de las consecuencias más notables de esta situación es la falta de ingresos para vivir. En efecto, en Colombia casi 3 de cada 4 personas se encuentran en situación de pobreza o vulnerabilidad2.  De acuerdo con el economista Aurelio Suárez, la razón principal de la desigualdad es el actual modelo económico, el cual tiene dos grandes consecuencias: causa desempleo estructural y a su vez causa la pérdida de participación de los salarios en el ingreso nacional (hecho que afecta la subsistencia de quienes trabajan). Uno de los medios más generalizados para atender la desigualdad y la pobreza ha sido la educación. En América Latina y Colombia la educación se concibe, desde el punto de vista legal, como inversión social, de equidad o gasto social3. Sin embargo, la evidencia empírica indica que la desigualdad del origen social se reproduce en la trayectoria educativa, por lo que centrar los esfuerzos exclusivamente en la educación, sin tener en cuenta el modelo económico y sus consecuencias sociales es insuficiente. En este artículo se defenderá que, desde el punto de vista de política social, se debe intervenir simultáneamente en las escuelas y en sus contextos. 

Antes de explicar la propuesta, se mostrará el impacto del contexto socioeconómico en la educación en Colombia utilizando dos indicadores: el coeficiente de movilidad académica y el impacto en los resultados académicos en pruebas estandarizadas:

  1. Si el coeficiente de movilidad es igual a uno, el nivel educativo de las madres explica completamente el nivel alcanzado por los hijos, por lo que no existe movilidad educativa ya que las nuevas generaciones no avanzan en los años de estudio respecto de sus progenitoras. Si el coeficiente es cero, el nivel educativo alcanzado es independiente del de las madres, por lo que las condiciones de vida previas no tienen nada que ver con los años de estudios culminados. En Colombia, el nivel educativo de la madre explica entre un 0,86 y un 0,71 el de sus hijos, y en la población más vulnerable entre un 0,97 y un 0,834.  Es decir, existe una alta inmovilidad en Colombia. 
  2. La evidencia en el país señala que las condiciones del estudiante explican hasta un 70 % los resultados en pruebas estandarizadas, dejando un 30 % restante a la escuela y al curso5. Similarmente, de acuerdo con otros autores, las condiciones socioeconómicas explican hasta un 70 % de los resultados en pruebas estandarizadas6

Así pues, las condiciones previas de vida explican no solo el nivel educativo alcanzado, sino también qué tan «bien o mal» le va al estudiante durante sus estudios. La desigualdad tiene tal peso que limita a la educación, cuestionando su efecto como vehículo exclusivo para promover la movilidad social. 

En Bogotá se ha venido implementando una política social novedosa: la estrategia Retorno a las Oportunidades para la juventud (RETO). Dicha estrategia está enmarcada en grandes transformaciones en la Secretaría de Integración Social: la modificación de los criterios de evaluación, atención y priorización de la política social. Así pues, se están realizando intervenciones en barrios priorizados con base en criterios que incluyen las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, los colegios con población estudiantil con mayor nivel de pobreza, los «polígonos de pobreza», entre otros. De forma adicional, se está avanzando en intervenciones lo más integrales posible (incluyendo al núcleo familiar) y formuladas al máximo acorde con las necesidades de la población a atender. En síntesis, se rompe la ultrafocalización neoliberal ampliando la población intervenida y teniendo una oferta mayor de servicios, en virtud de la aproximación territorial e integral. Es una política social que se enfoca en transformar la vida de la juventud y de su entorno próximo para que salga de su(s) vulnerabilidad(es). 

Invertir en educación es necesario, pero este gasto se limita por las condiciones de pobreza, vulnerabilidad y segregación de la población colombiana, tal como se expuso. Así pues, inspirados en la novedosa experiencia de la actual administración capitalina, se propone realizar intervenciones de política social en barrios con colegios con altos índices de pobreza o vulnerabilidad de forma simultánea con inversiones en materia educativa apalancadas en un sistema de financiación de la educación creciente y estable. De esta forma, el impacto de la inversión educativa en vez de limitarse, por el contrario, se potencia gracias a la atención del entorno próximo del estudiante. Se sugiere conectar estas intervenciones territoriales con programas de empleo público, dada la crítica situación de desempleo, la pérdida de la participación del salario en el ingreso nacional y que un 70 % de la juventud vive en hogares con ingresos derivados de labores informales7.

Con relación a la inversión educativa, en primera instancia, se recomienda con mucho ahínco intervenir en el preescolar y en los contextos de esa población ya que existe evidencia robusta en favor de la inversión en edades tempranas y en este nivel educativo8, ya que las acciones efectivas en estas edades tienen impactos duraderos. Así pues, incrementar la cobertura a tres grados en preescolar con insumos y dotación apropiada y hacerlo de forma conjunta con intervenciones en el núcleo familiar y en los barrios contribuiría a cambiar el curso de vida de grupos poblacionales completos. 

En segundo lugar, es vital tener en cuenta que existen entidades territoriales con dificultades sobre todo en la tasa de cobertura o con índices elevados de deserción. En estos casos se sugiere inversiones en infraestructura próxima a la vivienda o transportes escolar, así como en alimentación y uniformes (gratuidad en el acceso), que tienden a impactar con fuerza en la asistencia y la retención. 

En tercera instancia, en el caso de las territorialidades donde existe mayor preocupación por la calidad, se recomienda la inversión en insumos educativos teniendo en cuenta que éstos tienen diferentes efectos de acuerdo con el nivel educativo y el área9. Por ejemplo, invertir en laboratorios y en estudios de maestría del equipo docente tiende a tener mayor impacto en Ciencias Naturales y en secundaria. Cualquier incremento de la financiación de la educación debe ser acorde con la autonomía escolar, ya que son las fuerzas vivas de la escuela quienes deben orientar el rumbo de cada institución.

La formulación de las políticas es casi igual de importante a su evaluación. Se sugiere implementar este programa de acciones simultáneas e integrales con un diseño que permita su evaluación efectiva. En la evaluación del impacto de políticas sociales el «estándar de oro» corresponde a los diseños aleatorios. De esta forma, podría realizarse una selección de territorios a intervenir y elegir aleatoriamente el orden en el cual se aplicará el programa. Así pues, quienes accedan tiempo después servirán de «grupo de control» para evaluar el impacto. Dado que la oferta de política social es confeccionada de acuerdo con las necesidades específicas de la población en territorio, debe existir información precisa de las asignaciones realizadas a cada estudiante y a su familia junto con sus indicadores del logro académico y otras mediciones de impacto.  

Se ha mostrado de forma sucinta la limitación que tiene la educación como vehículo de movilidad social. Atender el origen de la desigualdad en el modelo económico y en sus consecuencias en materia de empleo y de retribución salarial es inexorable. De forma adicional, se propone en este artículo intervenir de forma simultánea en los barrios y en las escuelas haciendo posible combinar y reforzar la lucha contra la pobreza y la segregación con el objetivo de lograr más acceso y mejores resultados educativos. Esta política es particularmente urgente para edades tempranas durante el preescolar.

Referencias

  1. https://forbes.co/2020/10/30/economia-y-finanzas/colombia-es-el-pais-mas-desigual-de-toda-america-latina/
  2. https://unperiodico.unal.edu.co/pages/detail/la-renta-basica-de-emergencia-urgente-para-el-sector-rural-colombiano/
  3. Rosales, E. I. (n.d.). El financiamiento educativo y el derecho a la educación. Una perspectiva comparada desde las leyes generales de educación de América Latina.
  4. García, S., Rodríguez, C., Sánchez, F., & Bedoya, J. G. (2015). La lotería de la cuna la movilidad social a través de la educación en los municipios de Colombia (2015). 
  5.  Instituto de Estudios Urbanos, I. E. U. (2015). Evaluación de impacto de los colegios en concesión de Bogotá D.C. Documento Informe final de resultados de la evaluación de impacto y análisis de costo beneficio. Universidad Nacional de Colombia citando estudios multinivel (alumno, curso y colegio) de Bonilla y González (2015 a, b); Castaño Elkin (1998); Misión Social (1997) y Sarmiento, Becerra y González (2000)
  6. Sarmiento, A., Alonso, C. E., Duncan, G., & Garzón, C. A. (2005). Evaluación de la gestión de los colegios en concesión en Bogotá 2000-2003. Departamento Nacional de Planeación, Dirección de Estudios Económicos citando a Sarmiento, Becerra y González (2000).
  7. CONPES. (2021). Estrategia para Fortalecer el Desarrollo Integral de la Juventud (pp. 1–104).
  8. Krueger, A. B. (1999). Experimental Estimates of Education Production Functions. The Quarterly Journal of Economics, 114(2), 497–532 y Krueger, A. B. (2018). Inequality, Too Much of a Good Thing. In The Inequality Reader (pp. 25–33).
  9. Coenen, J., Cornelisz, I., Groot, W., Maassen van den Brink, H., & Van Klaveren, C. (2018). Teacher characteristics and their effects on student test scores: a systematic review. Journal of Economic Surveys, 32(3), 848–877) y Gunter, T., & Shao, J. (2016). Synthesizing the Effect of Building Condition Quality on Academic Performance. Education Finance and Policy, 11(1), 97–123.
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