Una propuesta alternativa en el caso Avianca

Al revisar la historia de Avianca y relacionarla con el préstamo que el gobierno de Iván Duque insiste en facilitarle por US$370 millones resaltan varios elementos importantes. Por ejemplo, que la compañía tiene su sede en Panamá, reconocido paraíso fiscal, lo que le permite el ahorro del 33% del impuesto a la renta y la evasión del impuesto a la riqueza cuando este se ha estipulado. Adicionalmente se evidencia que la crisis de la compañía no es reciente y que muy probablemente se hubiese acogido a la Ley de Quiebras aún sin la crisis del COVID-19 debido a sus altas deudas y pocas capacidades operacionales para saldarlas.

Sustento de la anterior afirmación es que en octubre de 2019 Avianca Holding, ya sin Efromovich en la Junta Directiva, le solicitó a  United Airlines y Kingsland Holdings un préstamo por US$250 millones a cuatro años con una tasa de interés del 3% a cambio de lograr un acuerdo amplio de reprogramación con los acreedores y proveedores de Avianca. No obstante, la compañía no logró renegociar los bonos de deuda que había adquirido debido a la calificación negativa dada por Standard and Poor’s, viéndose en la obligación de recurrir por segunda vez desde el 2003 a la Ley de Quiebras de Estados Unidos.  

Si bien hubo algunas circunstancias macroeconómicas que agravaron la crisis de la compañía como los aumentos en el tipo de cambio monetario, el encarecimiento del barril de petróleo y la competencia de aerolíneas low cost, es evidente que la crisis se debe principalmente a un manejo administrativo que priorizó de forma temeraria el funcionamiento a través de apalancamiento sin tener capacidades reales para respaldarlo.  En otras palabras, Avianca se endeudó sin tener cómo pagar.

Siendo el transporte aéreo un sector económico estratégico por todo el encadenamiento productivo que involucra, sería plausible considerar un conjunto de medidas que le permitan al Estado colombiano tener una mayor participación pública en el sector aeronáutico. Con ese objetivo, el Estado debe destinar recursos económicos y generar incentivos para la Aerocivil y para compañías nacionales pequeñas que participen dentro del mercado aeronáutico y, por otra parte, obtener participación accionaria en Avianca ya que esta  cubre más del 50% del mercado interno y a nivel internacional se encuentra por detrás de Latam Airlines que es la aerolínea más grande de latinoamérica. Al tener el Estado participación accionaria se garantiza que una parte de las ganancias futuras de la compañía puedan ser recuperadas por este y así puedan llegar a ser nuevamente redistribuidas, superando el dogma neoliberal de que lo público es ineficiente.

Cabe aclarar que la participación accionaria por parte del Estado colombiano debería estar sujeta a la existencia de dos tipos de condicionamientos. Unos orientados a proteger la inversión pública, como la no recompra de acciones por parte de los accionistas privados, la no repartición de utilidades en forma de dividendos por un periodo de tiempo limitado, la obligación de informar el desempeño y el deber de reajustar sus planes para garantizar la eficiencia. Los otros, orientados a incentivar la vinculación de industrias nacionales complementarios al sector, por ejemplo: la obligación de comprar una cuota de repuestos nacionales, tener una mayor cuota de vinculación laboral directa, el establecimiento de su domicilio fiscal en el territorio nacional y el establecimiento de un esquema de precios justos para los usuarios en Colombia. Todo lo anterior implica un cambio de enfoque respecto a lo planteado por el gobierno de Iván Duque, que está decidido a otorgar un crédito sin mayores contraprestaciones ni certezas para las finanzas públicas, muy fiel a la ortodoxia neoliberal. 

Por otro lado, a propósito de las condiciones de vinculación laboral en la compañía, mientras esta les reducía a los pilotos sus salarios y terminaba contratos de trabajadores de base, también entregaba a directivos bonificaciones por más de US$7 millones como es el caso del exviceministro de justicia Eduardo Mendoza de la Torre que como vicepresidente de operaciones de la aerolínea recibió entre abril y junio dos bonos por un total de $287 millones. 

En estos momentos por orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca está suspendido el desembolso del crédito a Avianca al considerarse que existe poca información pública sobre cómo se tramitó y ordenó. La compañía apeló la decisión alegando que sin el préstamo del Gobierno colombiano se afectaría el esquema de financiamiento presentado en Estados Unidos, haciendo inviable su operación. Valga señalar que la destinación final del crédito depende del Tribunal de Nueva York de acuerdo al capítulo 11 de la Ley de Quiebras norteamericana. 
Por su parte, el Gobierno Nacional está a la espera de la decisión judicial y no descarta la entrega del crédito argumentando tener un papel de “prestamista de última instancia”. Seguramente Duque insistirá en el préstamo y todo lo aquí esbozado ni siquiera será tenido en cuenta, pero la labor es insistir para que un día tengamos un mejor país y se gobierne a favor de todos los colombianos y no sólo para unos pocos, sean nacionales o extranjeros.

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