Protesta pacífica es un derecho que Gobierno debe garantizar: Corte Suprema

Debido a la intervención sistemática, violenta, arbitraria y desproporcionada de la fuerza pública en las manifestaciones ciudadanas, la Corte Suprema de Justicia en providencia del martes 22 de este mes ordenó al Presidente de la República —y a todas las demás autoridades involucradas en el manejo de las movilizaciones sociales— adoptar acciones para «garantizar el ejercicio del derecho a la protesta pacífica y no destructiva» y cambiar la doctrina de que el ciudadano es el enemigo.

Nota al pie: lo sentenciado por la corte coincide con gran parte de las peticiones sobre tratamiento a la protesta ciudadana que el Comité Nacional de Paro hizo en su pliego de 13 ejes y 104 puntos que muchos consideraron exagerados. Más bien eran sensatos.

Las acciones incluyen la creación de un “Estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado, y protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana”, la suspensión de las escopetas calibre 12 usadas por los Escuadrones Móviles Antidisturbios de la Policía Nacional (ESMAD), la neutralidad del Gobierno Nacional —incluida la no estigmatización de quienes protestan—, la conformación de una “mesa de trabajo” para reestructurar las directrices del uso de la fuerza y la presentación de disculpas del Ministro de Defensa por los excesos registrados desde la movilización del 21 de noviembre de 2019.

La orden de la corte combate además la idea del “enemigo interno”: «se establecerán límites al máximo del uso de la fuerza para el control de disturbios, por cuanto el entrenamiento que reciben no debe estar dirigido a derrotar al enemigo, sino en función de la protección y control de civiles».

La protesta sin discriminación y sin violencia es un derecho constitucional, sobre esto recuerda: «una de las obligaciones del Estado es proteger la libertad de expresión, de crítica y de opinión, aspectos que constituyen una conducta legítima de disenso social, siempre y cuando no se busque hacer propaganda por la guerra y el vandalismo, cuando no se pretende hacer apología del odio, de la violencia, del delito y, en general, de la violencia como forma de solucionar los problemas».

Por otro lado, que ella necesidad de un énfasis en la formación y capacitación inmediata en ética y derechos humanos de sus miembros, guiada por el respeto a la comunidad, donde sus integrantes actúen como agentes de paz, de protección a la ciudadanía y al derecho a la vida.

Cabe destacar que se trata de una victoria colectiva: es una sentencia en segunda instancia de una tutela que contó con 49 accionantes entre víctimas, familiares de víctimas y manifestantes, y participaron en su construcción 8 organizaciones no gubernamentales y un equipo de las facultades de derecho de 4 universidades del país. Y aunque victoria, falta mucho por lograr una institucionalidad realmente democrática.

Sobre esto María Angélica Prada U., abogada y profesora de la Universidad del Rosario y miembro del equipo elaborador de la tutela, dijo: «el derecho es una herramienta importante para la defensa de los derechos, pero no es la solución final (porque puede ser cooptado, piensen en el Código Policía). ¡Es fundamental fortalecer los procesos de movilización y participación ciudadana!».

La indignación y protesta está por la muerte de Javier Ordóñez, Dilan Cruz,e entre otros, y por la acrecentada crisis social están más que justificadas, más no los hechos violentos de algunos ciudadanos ni mucho menos que más de 56 policías usaran sus armas de fuego como respuesta. ¿Cómo llegamos a esto y qué se debe hacer? No te pierdas La 69 Cultural.

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