¿Quiénes detrás de los asesinatos?

Mientras en la mayoría de los países la población reacciona con contundencia frente al asesinato de conciudadanos, en Colombia da la impresión de que sus habitantes se acostumbraron a vivir en medio de homicidios, masacres, desapariciones y «falsos positivos», no solo de la gente del común, sino de sus líderes sociales, políticos, gremiales, sindicales y de derechos humanos, entre otros. La capacidad de asombro se agotó ante los pavorosos crímenes revelados por diversas ONG bajo la mirada impávida de las autoridades civiles y militares y de los grandes medios de comunicación, que tienen agendas para adormecer a la población. «El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) indicó que, entre 1958 y el 22 de octubre de 2018, en Colombia se han ejecutado 4.210 masacres, que han dejado 24.447 víctimas mortales, de las cuales 23.937 corresponden a la población civil (…) El 2001 ha sido el año con la mayor cantidad de masacres: 406 (…) Y sobre desaparición forzada, registró 68.431 hechos (…) Las víctimas totales son 80.472 y quienes más fueron desaparecidos de forma forzada son los civiles (79.245) (…) Las cifras totales del CNMH dan cuenta de 352.786 hechos documentados en medio del conflicto armado, entre 1958 y 2018 (…) El total de víctimas fatales suman 261.619 y están divididos así: 214.584 civiles, 46.675 combatientes y 360 personas sin información (…) Los asesinatos selectivos, con 177.719, son los que más se han presentado», El Tiempo, 22 de octubre de 2018.

Durante los años 2019 y 2020, los asesinatos de dirigentes sociales se han recrudecido, lo que ratificado el 11 de este mes por Human Rights Watch (HRW), que reveló otro de sus informes sobre Colombia en el cual señala que «desde 2016 y hasta diciembre de 2020, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) reportó 421 casos de asesinatos de defensores de derechos humanos en Colombia: es la más alta en la región, sin tener en cuenta el violento inicio de este 2021 (…) El informe “Líderes desprotegidos y comunidades indefensas: Asesinatos de defensores de derechos humanos en zonas remotas de Colombia” dice que de los 421 casos, 130 corresponden a líderes comunales, 67 a líderes comunitarios, 69 a líderes indígenas, 33 a líderes campesinos, 18 a líderes afrocolombianos, sumados a 12 casos de sindicalistas y 10 de defensores de víctimas, entre otros». HRW recrimina: «El gobierno del presidente Duque no convoca periódicamente a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, un organismo encargado de diseñar políticas para prevenir los asesinatos. Su trabajo hasta la fecha ha sido poco significativo y no ha dado resultados concretos (…) El Plan de Acción Oportuna de Prevención y Protección para Defensores de Derechos Humanos, Líderes Sociales, Comunales y Periodistas (PAO) tiene un mandato poco claro y ha tenido escaso impacto». Pero además, le pidió a la Fiscalía «que impulse investigaciones para encontrar a quiénes dieron las órdenes o aprobaron los crímenes de defensores de derechos humanos; incluso, si es necesario, realizar preacuerdos con los autores materiales». Paralelo al informe, en Colombia fueron hallados tres cuerpos sin vida en el corregimiento de Huisitó, municipio de El Tambo, con lo cual Indepaz expresó que esta sería la masacre número 13 y luego otra de cinco personas en Andes Antioquia, siendo la número 14 en el 2021. Rechazamos la violencia, provenga de donde provenga, pero esta impunidad ¿a quiénes beneficia?

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