Renovación urbana en Suba por la puerta de atrás

El 27 de diciembre de 2019, faltando cuatro días para que terminara su mandato como alcalde de Bogotá, Peñalosa, expidió el Decreto Distrital 843 que incorpora cientos de predios aledaños a la Avenida Suba al tratamiento de Renovación Urbana. 

Sin consultarlo con los habitantes de Suba que se verían afectados y haciendo caso omiso al llamado de concejales que se opusieron a su expedición, Peñalosa dejó sentadas las bases de una intervención urbanística de gran escala en la localidad que abre la puerta al desplazamiento de miles de residentes y comerciantes de barrios tradicionales y que beneficiará —por supuesto— al capital financiero y a los operadores inmobiliarios. Un último favorcito del ex alcalde a quienes financiaron su campaña.

Este decreto modifica el tratamiento urbanístico1 de todos los predios aledaños a la Avenida Suba, desde la Escuela Militar hasta el Portal Suba; abriendo la puerta para que grandes constructoras, apalancadas por la banca, ordenen el territorio y reconstruyan a su acomodo los barrios de esta zona a través de la ejecución de Renovaciones Urbanas.

«Ejemplo de que estos no son «proyectos asociativos» entre promotores y residentes es el caso de Proscenio, donde los promotores compraron el 51% del área del proyecto para poder imponer condiciones al restante 49%, amparados en la supuesta “asociatividad” y echando mano, incluso, de la expropiación de las viviendas de quienes se opusieron»

La experiencia demuestra que estos proyectos no buscan asociar ni incluir a los residentes y comerciantes nativos de los barrios en el proceso de su estructuración y ejecución. Ejemplo de que estos no son «proyectos asociativos» entre promotores y residentes es el caso de Proscenio, donde los promotores compraron el 51% del área del proyecto para poder imponer condiciones al restante 49%, amparados en la supuesta “asociatividad” y echando mano, incluso, de la expropiación de las viviendas de quienes se opusieron.

Quienes tendrán que mediar con estos promotores inmobiliarios serán en su mayoría personas que —hasta ahora— poseían sus inmuebles sólo para vivir tranquilamente, como lo describe el mismo soporte técnico del Decreto2. De acuerdo con la regulación de las Unidades de Planeamiento Zonal, el 70% de los predios que hacen parte del Decreto son de uso residencial. Además, el 46% de las residencias afectadas son de los estratos 2 y 3, los más vulnerables en el marco de proyectos de Renovación Urbana. 

Para ver la magnitud del revolcón basta con revisar cuál era el tratamiento urbanístico de la zona antes del Decreto. De la totalidad del área bajo estudio, el 78% se encontraba en consolidación urbanística, es decir, eran estructuras urbanas ya desarrolladas, que contaban con vías, espacio público y equipamientos en buen estado. El área restante, se dividía así: 10% en renovación urbana, 4% en mejoramiento integral y 8% de conservación. Al examinar el tratamiento urbanístico ya no por el área si no por el número de predios la distribución es similar: 66% en consolidación urbanística, 15% en renovación urbana,  10% en mejoramiento integral y 9% en conservación. De un día para otro, una gran zona de nuestra localidad pasó de estar consolidada a merecer una radical transformación.

Por otro lado, también da cuenta del gran cambio la comparación entre las alturas de los inmuebles hoy y las que prevé el Decreto para los proyectos inmobiliarios que se podrían ejecutar en el futuro. En la actualidad el 48% de los lotes afectados tiene una altura de dos pisos, el 28% de tres, el 8% de un piso, el 7% de cuatro, el 2% de cinco y el 1% de seis. Así pues, la gran mayoría de la zona —el 84%— no supera la altura de los tres pisos. Mientras tanto, el Decreto abre la posibilidad de que los proyectos urbanísticos cuenten con una altura de hasta veinte o treinta pisos, sin contemplar obligaciones claras de construcción de infraestructura de servicios públicos que aseguren la calidad de vida de los futuros residentes del sector.

« (…) la justificación del soporte técnico apela a la misma exageración de las proyecciones poblacionales con la que Peñalosa defendía la aprobación de su Plan de Ordenamiento Territorial»

Además, la justificación del soporte técnico apela a la misma exageración de las proyecciones poblacionales con la que Peñalosa defendía la aprobación de su Plan de Ordenamiento Territorial —POT—, hundido por el Concejo Distrital el año pasado. Señala que «para 2030, Bogotá junto con los 16 municipios vecinos, tendrán una población total de un poco más de 11 millones de habitantes». Estos datos contradicen la misma fuente que citan —que estiman para 2030 en Bogotá una población de 300.000 habitantes menos3— y otras estimaciones como una realizada para la sociedad de Mejoras y Ornato, que habla de 800.000 habitantes menos para el mismo año4.

Y para colmo de males, esta radical transformación urbanística fue aprobada sin participación democrática. Ni el soporte técnico ni el Decreto mencionan alguna consulta a la ciudadanía. Muy pocos son los que, aún hoy, conocen esta decisión. Algunos líderes y lideresas de la zona se enteraron por la denuncia realizada por el concejal Manuel Sarmiento, del Polo Democrático Alternativo, quien se pronunció en contra de la expedición del Decreto.

Peñalosa pasó por encima de la opinión de miles de habitantes, con la única intención de antes de dejar la alcaldía garantizarle un negocio más al capital extranjero, que es el que suele invertir en los negocios de Renovación Urbana debido a su gran magnitud. Las implicaciones de este Decreto deben ser discutidas ampliamente y se le debe garantizar a los miles de habitantes afectados el derecho de pronunciarse sobre la necesidad y la legalidad de ejecutar un proyecto de estas características y —de ser necesario— solicitar a la nueva administración su Revocatoria Directa.

Notas al pie

[1] “Tratamiento urbanístico” hace referencia al propósito urbanístico que la Administración Distrital define para un determinado territorio, por medio de las normas urbanas. Pueden ser de: consolidación, desarrollo, conservación, renovación urbana o mejoramiento integral.

[2] Todos los datos recogidos en este artículo son extraídos del Documento Técnico de Soporte del Decreto Distrital 843 de 2019. Los datos no corresponden exactamente con la realidad del área objeto del Decreto, porque el área de análisis del Documento Técnico es mayor a esa. De todas formas, sí permite un conocimiento aproximado de sus características.

[3] En el diagnóstico del POT de Peñalosa se proyectaba para 2030 una población de 9´362.122 habitantes para Bogotá, para un total de 11´089.133 habitantes en la región de Bogotá más 16 municipios aledaños (que es la cifra utilizada en el Documento Técnico del Decreto 843). La estimación real, que contiene la fuente de la misma Secretaría Distrital de Planeación, de los habitantes de Bogotá para 2030 es de 9´053.830, más de 300.000 habitantes menos.

[4] En documento realizado por Álvaro Pachón para la Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá, titulado “La Bogotá que seremos”, estima que como máximo para 2030 habrán en Bogotá 8´499.576.

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