Si tocan a una, respondemos todas

La reciente avalancha de noticias indignantes y tristes nos han mostrado una vez más el peligro de ser mujer y niña en Colombia. La alerta por los feminicidios, los informes de las líneas de atención a violencias en el confinamiento y las estadísticas de la crisis económica tienen rostro de mujer. Nuestra más reciente indignación vino por cuenta del anuncio del Fiscal General de la Nación en el caso de la niña Embera Chamí de doce años, violada en Risaralda por siete soldados del Ejército Nacional. Al horror de los vejámenes sufridos se suma el grave error que la Fiscalía cometió al momento de pedir justicia y castigo ejemplar para los culpables.

A pesar de que en la cuenta de Twitter de la Fiscalía General de la Nación, el fiscal Barbosa afirmó que no va a ceder «un ápice en la defensa de los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes», la imputación de cargos arrancó cediendo desde el primer momento al acudir al delito de acceso carnal abusivo, ya aceptado por los responsables, y no al de acceso carnal violento.

Aun cuando ambos delitos son crímenes graves, resulta fundamental aclarar las diferencias existentes entre los dos tipos penales, por lo que me di a la tarea de consultar a algunas expertas y apelar directamente al Código Penal. El ejercicio me permitió sacar las siguientes conclusiones:

Primero, el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años contenido en el artículo 208 del Código Penal castiga a quien penetre total o parcialmente cualquiera de los orificios del cuerpo de una persona menor de 14 años, así esta lo haya consentido o querido, dado que la edad no permite a la víctima entender cabalmente las implicaciones de una relación sexual. Se trata entonces de un delito en el que el perpetrador se aprovecha de la víctima. Cosa distinta es el delito de acceso carnal violento señalado en el artículo 205 del Código. En el primer caso puede haber consentimiento. En el segundo es imposible que exista. 

Segundo, la violencia no es solo física. Así lo establece el artículo 212A del Código al explicar que hay violencia cuando la víctima no puede dar consentimiento en forma libre. No es solo el uso de la fuerza, sino también la amenaza del uso de la fuerza, la coacción física o psicológica —como la causada por el temor a la violencia, la intimidación—, la detención ilegal, la opresión psicológica, el abuso de poder o la utilización de entornos de coacción y circunstancias similares. Es el caso que nos ocupa. Los violadores estaban en servicio, por lo que de seguro portaban sus armas, lo que induciría a la niña a pensar que harían uso de ellas si no se sometía. Además, se encontraban en la zona ejerciendo labores de cuidado y protección a la comunidad, en una posición de poder. Hubo violencia contra la niña.

Tercero, según el Artículo 211 se pueden aumentar las penas de los delitos si se presentan circunstancias como la vulnerabilidad de la víctima por su edad o etnia, que el victimario haya actuado con el concurso de otra u otras personas, o que exista autoridad derivada de la posición o cargo del perpetrador. Este caso de violación grupal cumple con los requisitos para que el delito de acceso carnal violento sea también agravado.

La correcta tipificación del delito es relevante en este caso, por cuanto incide en la asignación de la pena a los violadores. Aunque ambos tienen las mismas penas y agravantes, la condena resulta de un juicio subjetivo en el que sin duda influye la percepción de gravedad. Pero lo más clave es que hay una diferencia política y ética, no solo técnica o jurídica, para todas las mujeres víctimas de violencia sexual en Colombia, la mayoría jóvenes y niñas. Según Sisma Mujer (ver boletín) de los 22.115 casos registrados por Medicina Legal en 2019, el 85,6% corresponde a niñas y adolescentes: una niña o adolescente fue agredida sexualmente cada 28 minutos. Durante el primer trimestre de 2020 se registró una agresión sexual contra mujeres cada 33 minutos.     

No solo se imputó el delito equivocado a los soldados Juan Camilo Morales Poveda, Yair Stiven González, José Luis Holguín Pérez, Juan David Guaidi Ruiz, Oscar Eduardo Gil Alzate, Deyson Andrés Isaza Zapata y Luis Fernando Mangareth Hernández, sino que la Fiscalía informó además que los «responsables del abuso sexual de menor indígena en Risaralda están tras las rejas». ¡Hablar de abuso sexual y no de violación les resta gravedad a los hechos y deja en el aire la idea de que la víctima consintió la relación sexual! Hay que llamar a las cosas por su nombre: no fue abuso sexual, fue violación. No castigar el delito correcto significa impunidad, sin importar qué tan airadas sean las  declaraciones del fiscal Barbosa ni cuánto se rasgue las vestiduras en los medios.     

No más revictimización, no más impunidad, ni en la casa, ni en la calle, ni en la ciudad, ni en el campo. Nada justifica la violencia contra las mujeres.

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