¿Por qué aumentaron las tarifas de energía eléctrica?

Entre diciembre de 2019 y abril de 2020 se registró un aumento del costo unitario del kilovatio/hora de 13,3% para los usuarios de Electricaribe, es decir, se pasó de pagar 456,63 a 517,43 pesos. Este aumento es casi 5 veces mayor al IPC, lo que demuestra que suben más las facturas de energía que los ingresos de los costeños.

Aunque para los usuarios de la costa caribe no es nuevo este maltrato sigue siendo un alza escandalosa que también sufren usuarios de todo el país. Por ejemplo en Santander (con ESSA-EMP) el aumento en ese mismo periodo de tiempo fue de 10,3% y en el centro del país de 10,08% para los suscritos de Codensa. Se hace entonces necesario analizar en qué consisten las alzas que en esta época de crisis y aislamiento social golpean duramente el bolsillo de los colombianos.

Ya las alzas estaban andando el 4 de abril de este año cuando el presidente expidió decreto 517 que ordena a la CREG —entidad que define el valor de las tarifas— disponer de medidas para mitigar los efectos de la crisis. Desde finales del año pasado se está aplicado al kilovatio/hora el precio de escasez que opera cuando hay sequías y baja el nivel de los embalses de las hidroeléctricas, lo que imposibilita la generación de energía a través de esta fuente energética y avoca a la utilización de las termoeléctricas, convirtiendo la generación en un proceso muy costoso.

Además, al costo elevado del kilovatio/hora se le suma a las facturas sobretasas y contribuciones aprobadas para “salvar” a Electricaribe en el Plan Nacional de Desarrollo de Iván Duque. La sobretasa de 4 pesos kilovatio/hora para estratos 4, 5, 6 y sectores comerciales y la contribución de 1% adicional —que están obligadas a pagar las empresas de servicios públicos y que obviamente trasladan a los usuarios en la factura— ya se reflejan en los recibos que debemos pagar. 

Por último, abundan denuncias de cómo las empresas están cobrando con base en un estimado del consumo en vez del valor real escudándose en la imposibilidad de llegar a los contadores. Esta estimación sale del promedio de los últimos 6 meses y si bien la ley de servicios públicos domiciliarios permite cobrar de esta manera una sola vez durante la prestación de los servicios por parte de la empresa, en la Costa Electricaribe convirtió esa excepción en la regla general para los estratos bajos (o los usuarios mal llamados “subnormales”) y afecta de manera especial a los sectores empresariales pues su promedio de los últimos 6 meses no corresponde a la realidad de su parálisis del último mes en el que el consumo fue casi nulo.

Por todo lo anterior, es ilógico e injusto aceptar estas alzas en las tarifas para esta temporada aún cuando su pago se puede financiar por tres años (la única medida que el gobierno le ofrece a los usuarios de servicios públicos). Es por esto que no sólo la CREG debe tomar medidas certeras en la estructura tarifaria, se requiere una Superservicios haciendo lo que se debe: castigando las malas prácticas de facturación de las empresas prestadoras.

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