Yo apoyo a los Defensores Públicos*

Los defensores públicos, antes conocidos como defensores de oficio, cumplen un rol fundamental dentro del sistema judicial, pues son los abogados de quienes no cuentan con recursos para proveerse uno, es decir, son los abogados de los más humildes de Colombia, y debido a la crisis económica del país, cada vez más se convierten en los abogados de las clases medias, a las que se las viene asfixiando con más impuestos y con el encarecimiento del costos de vida.

Los cerca de cinco mil defensores que hay a nivel nacional llevan procesos de familia, laborales, civiles, de víctimas, pero el área de mayor demanda son los procesos penales. Poco se habla de ellos, pero son uno de los pilares que sostienen la justicia, pues sin los defensores públicos la mayoría de los colombianos no podría defenderse ni adelantar un proceso judicial. Su existencia garantiza el derecho a la defensa, el debido proceso y el acceso a la administración de justicia.

No obstante su relevancia, son el eslabón más débil de todo el sistema judicial, pues a pesar de prestar un servicio público esencial, no son funcionarios de planta, pues se los vincula mediante contratos de prestación de servicios de un año o menos. Son los únicos de América Latina que están bajo tan precarias condiciones, lo que a su vez constituye un trato desigual en comparación con los demás actores del proceso, la Fiscalía y la Procuraduría, quienes prestan un servicio análogo, pero son funcionarios de planta y cuentan con remuneración similar a la de los jueces ante quienes actúan. Esta discriminación viola el principio de a trabajo igual, salario igual.

Los defensores trabajan con las uñas. Carecen de estabilidad laboral y pueden ser despedidos en cualquier momento. No se les reconoce ni salud, ni pensiones, ni prestaciones sociales, no tienen vacaciones remuneradas y no cuentan con derecho a la sindicalización. Relatan ellos que a las defensoras que quedan embarazadas les toca esconder su embarazo para que no les suspendan o terminen el contrato, ¡y esto pasa en la institución creada para defender al pueblo! Bajos salarios, sobrecarga laboral, sin asistentes ni oficinas, con un cuerpo de investigación mínimo que no tiene punto de comparación con los de la Fiscalía, son condiciones que demuestran que no existe igualdad de armas en el proceso judicial.

Toda esta situación se ve agravada por el “concurso” que adelanta el actual Defensor del Pueblo, Carlos Negret, y que fue objeto de debate en el Congreso, en la audiencia pública citada por el Senador Robledo, en la que participaron las principales organizaciones del sector, el expresidente del Consejo de Estado, Gustavo Gómez Aranguren y el Concejal de Bogotá Manuel Sarmiento, entre otros.

El falso concurso que adelanta Negret señala expresamente que “no genera derechos de carrera”, ni elimina la facultad discrecional que tiene el Defensor de elegir a quien contratar. Tampoco tiene en cuenta la experiencia de quienes llevan 10, 15, o 20 años en la entidad, y ojo, la experiencia no se improvisa. Y desconoce la formación continua y la capacitación específica que han recibido los defensores durante años, producto de millonarias inversiones provenientes del erario.

Cambiar abruptamente a 3.600 defensores no solo afecta a quienes saldrán por la puerta de atrás luego de años de servicio en la entidad, entre ellos madres cabeza de familia, prepensionados, y a sus familias, sino que dicha masacre laboral afectará también a los usuarios, quienes tendrán que cambiar de abogado y volver a empezar. Su reemplazo muy probablemente no tendrá la experiencia ni el conocimiento específico que dan años de litigio, lo que implica aplazamiento de audiencias, más congestión judicial y aumento de la crisis carcelaria del país, pues se necesitan bastantes horas de audiencias acumuladas para aprender a librar a la gente de la cárcel.

“Bienvenido el mérito, pero como parte de un concurso que vincule a los defensores de manera directa, con plena garantías de sus derechos laborales y que tenga en cuenta la antigüedad y la experiencia relacionada”, fue una de las conclusiones de la audiencia.

La justicia, que en este país es solo para los de ruana, como mínimo debe asegurar buenas condiciones para los abogados de la gente de a pie, por lo que es urgente que el Defensor Negret se siente a concertar con sus trabajadores y les dé pronta solución a las serias problemáticas de los defensores públicos colombianos.

*Publicado originalmente el 19 de marzo de 2019 en KienyKe.com

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